En Santander no se le está dando importancia al cuidado del agua. De hecho, ni siquiera se le asigna el 1 % de los ingresos corrientes de libre destinación que la ley les exige a los gobernantes. Esto pone en riesgo el acceso al agua en el futuro.
La protección de las fuentes de agua en Santander pasa por un momento crítico, con consecuencias serias tanto para el presente como para el futuro de sus habitantes. La razón: el agua, que es esencial para la vida, está siendo descuidada en medio de problemas administrativos, falta de inversión y poco control por parte de las instituciones.
Desde 1993, hace más de 30 años, la Ley 99 dejó una obligación clara: los departamentos y municipios deben destinar al menos el 1 % de los ingresos corrientes de libre destinación para proteger las zonas que abastecen los acueductos o para pagar servicios que ayuden a conservar ríos y quebradas. (Lea además: Aquel 12 de febrero: las vidas que cambió el Río de Oro bajo la misma lluvia)
Sin embargo, en muchos casos esta norma se ha quedado más en la intención que en la práctica. A pesar de su importancia, la protección del agua no ha logrado convertirse en una prioridad dentro de los planes locales.
Lo que dice la ley
En 2023, la Ley 2230 volvió a insistir en esta obligación e incluyó nuevos mecanismos de control. Por ejemplo, se exige que concejos y asambleas exijan cuentas cada año, y que alcaldías y gobernaciones informen de manera clara cómo están usando estos recursos.
Estas medidas buscaban mejorar el control y la transparencia, pero los resultados siguen siendo preocupantes. Las reglas existen, pero se cumplen poco y, en algunos casos, casi nada.
También es importante aclarar que estos recursos no reemplazan las obligaciones de las empresas de servicios públicos. Son dineros adicionales que deben usarse únicamente para proteger las fuentes de agua.
Incluso sin analizar si las inversiones han sido de buena calidad o si cumplen con lo mínimo exigido por la ley, las cifras ya generan preocupación. De 87 alcaldías, 76 no han invertido absolutamente nada en los últimos tres años para este fin.
De las 11 que sí reportaron algún gasto, solo Barrancabermeja muestra una inversión constante en la protección de sus fuentes de agua, lo que demuestra que sí es posible cumplir cuando hay voluntad política.
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La situación es aún más preocupante en municipios clave. Bucaramanga y Piedecuesta, donde vive cerca del 48% de la población urbana del departamento, tienen niveles de inversión inexistentes.
En los municipios más pequeños, las autoridades suelen justificar esta falta de acción con razones como desconocimiento, falta de capacidad técnica o escasez de recursos. Sin embargo, estas explicaciones no son válidas en territorios con más recursos y mejor estructura institucional.
Este panorama también muestra fallas en el control político. Los concejos, que deben vigilar la gestión de los diferentes alcaldes, no han cumplido con suficiente rigor su papel en este tema.
Lo mismo ocurre con las oficinas de control interno y las contralorías, que deberían asegurar el buen uso de los recursos públicos.
A nivel departamental, la situación tampoco es alentadora. Según registros administrativos, la gobernación solo reportó inversiones en 2024, lo que deja un vacío importante en los años anteriores.
Preguntas y respuestas
Esto lleva a preguntas inevitables: ¿qué pasó con los recursos que no se usaron?, ¿dónde estuvo el seguimiento de la Asamblea?, ¿por qué no se encendieron las alertas a tiempo?
Para Yany León Castañeda, experta en el tema, “este problema muestra una desconexión entre la planificación del territorio y el cuidado del medio ambiente”. Según explica, “no proteger el agua hoy es poner en riesgo el desarrollo de las ciudades mañana”. (Le puede interesar: Pico y placa no regirá en Semana Santa en Bucaramanga ni en los vecinos municipios del área)
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La experta advierte que muchas ciudades están creciendo sin asegurar primero sus recursos naturales, lo que puede causar problemas de abastecimiento en el mediano plazo.
Más allá de las responsabilidades oficiales, también hay un llamado a la ciudadanía. La falta de presión y de seguimiento por parte de la gente ha permitido que este problema pase desapercibido durante años.
“La protección del agua no es solo un tema técnico o legal; es un asunto de supervivencia. Ignorarlo hoy puede traer consecuencias mucho más graves en el futuro cercano, cuando ya sea demasiado tarde para corregir el rumbo”, concluye León Castañeda.
