Tres integrantes de la familia Dávila Abondano y cuatro empleados del Grupo Daabon, implicados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro, AIS, le pidieron al juez 25 de conocimiento de Bogotá que su proceso sea llevado a Santa Marta.
Publicado por: COLPRENSA
Argumenta la defensa de Juan Carlos, Alfonso y Alberto Dávila Abondano y Guillermo Barrios, Luis Miguel Bergara, Germán Zapata y Jesús Carreño, que ninguno de los hechos por los que se acusa a sus prohijados tuvieron lugar en Bogotá, puesto que las solicitudes que presentaron para conseguir el subsidio agrario de cerca de 2.500millones de pesos, a través de los predios Las Mercedes y Cimarrona, se realizaron en la costa Caribe del país.
Respecto a la petición, el jefe de la Unidad Anticorrupción, Martín Moreno Sanjuán, quien lleva el caso, señaló que la misma solicitud fue realizada por la familia Vives Lacouture y que la Corte Suprema de Justicia determinó que era un juez de Bogotá el que debía llevar el proceso.
“La sede del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), entidad que firmó el convenio con el Ministerio de Agricultura y por el que se entregaron los subsidios, se encuentra en Bogotá y fue aquí en donde se estudiaron, analizaron y aprobaron los proyectos (…) el hecho de que las familias estuvieran en diferentes partes del país no significa que el proceso se deba atomizar y trasladar esos lugares de Colombia”, indicó Moreno Sanjuán.
La prueba contra Valerie Domínguez no fue aceptada
El Tribunal Superior de Bogotá determinó que la prueba entregada a última hora por Juan Manuel Dávila, el exnovio de Valerie Domínguez, no es una prueba sobreviniente y consideró que la Fiscalía la pudo haber obtenido a tiempo para usarla en el juicio. Por esta razón rechazó que esta pudiera ser usada en el proceso.
Es de recordar que un día antes de ser escuchado en proceso que se adelanta contra la exseñorita Colombia por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, Dávila le entregó al ente acusador un documento de arrendamiento del predio La Faena, autenticado en la notaría 42 de Bogotá, y que era firmado por Domínguez. Esto, se ha dicho, demostraría que la actriz sí conocía del destino de esos documentos, con los que finalmente accedió a más de 300 millones de pesos de AIS.
