Elfuncionamiento de la JEP marcó diferencias
Publicado por: Luisa Fernanda Ruiz Villamizar
Ya han pasado dos años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, y un año de la entrada en funcionamiento de la ley estatutaria de Justicia Especial para la Paz, JEP, que aún no ha podido iniciar.
Si bien, los orígenes de la JEP están fundamentados en el principio a la prelación de las víctimas, basado en los conceptos de justicia, verdad y reparación, las discrepancias de la izquierda, la derecha y hasta el centro, frente a esta ley llevó a que los 8 millones víctimas del conflicto armada sigan sin tener dueño.
Aunque la Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP ratificar el llamado hecho a 31 miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, a presentar un informe detallado de las acciones realizadas para cumplir con las condiciones de acceso y permanencia en este sistema de justicia transicional, y la Corte Constitucional decidió no interferir en el curso legal que deben seguir las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP, y en consecuencia optó por no pronunciarse sobre estas y dejar que hagan su trámite en el Congreso, las víctimas siguen si una solución y al contrario se han convertido en el escudo de intereses particulares de los partidos políticos.
“Cuando se hicieron las negociaciones alrededor del funcionamiento de la justicia, empezaron a presentarse aquellos detractores que encontraron que había demasiadas situaciones benéficas para los que se sometieran en ese tipo de justicia transaccional, más favorable que la justicia ordinaria, penal. Es ahí donde empieza a manipularse el tema de las víctimas”, explicó Luis Fernando Ramírez Hernández, vicerrector administrativo de la Universidad de La Salle.
La preocupación no es solo del país y de las víctimas, sino también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, quien ya manifestó su preocupación debido a que la JEP no cuenta con una ley estatutaria.
Separación de intereses
El tiempo es decisivo para la implementación de la ley y garantizar los derechos de las víctimas, por ello es necesaria la de separación de poderes frente a las decisiones de los diferentes actores que han intervenido en la aprobación y examen de constitucionalidad del proyecto de ley, como lo pidió la Cidh.
Ramírez Hernández asegura que las víctimas se han convertido en el barquito en medio de la marea, y según las polémicas alrededor de la justicia, esta sube o baja. Esta situación ha llevado a que ellas estén quedando tiradas.
“Las que deberían tener prelación están quedando renegadas por el cuestionamiento de los procedimientos de la justicia. Las víctimas son las que saben qué pasó o no en el conflicto”, señala Ramírez Hernández.
Una percepción similar tiene Orlando Burgos, líder de la mesa departamental de víctimas.
“Nosotros como víctimas nos alejamos de la oposición, sea de izquierda o derecha. No caminamos por ninguno de esos escenarios, pues lo que pedimos al Gobierno es que cumpla con lo firmado y que se den las herramientas legales y necesarias a partir del acuerdo, avalado por la Corte Constitucional, para que actúe y se demuestre que la JEP está entregando garantías para trabajar”, asevera Burgos, oriundo de Barrancabermeja, de donde debió salir por desplazamiento forzado y homicidio.
Una justicia sin color
La columna vertebral de los Acuerdos de Paz son las víctimas, ya que sin ellos no tendría sentido este pacto. Sin embargo, Burgos afirma que en muchos encuentros o foros donde han participado validan su presencia, pero en la práctica, son poco escuchados.
Una opinión contraria tiene Carlos Alfonso Peñaranda Molina, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS. El experto asegura que las víctimas no han sido tratadas como un instrumento o que los partidos políticos las utilicen a conveniencia de sus intereses.
Peñaranda Molina recalca que precisamente los políticos inciden en el orden parlamentario y gubernativo, y desde esos escenarios dan sus debates. No obstante, admite que se registran unos trámites muy paquidérmicos y el sabor que tiene el país es de no justicia.
“Cualquier ejercicio administrativo requiere instancias de legitimización, sin esto no hay coherencia social y por ende no hay legitimidad de la norma. Claro, en el ejercicio práctico, al momento de hacer los desarrollos legislativitos se siente a veces que se están manoseando e instrumentalizando las víctimas”, explica Peñaranda Molina.
En contraste, el analista asegura que las reglas no están claras tanto para acceder a la JEP como a las víctimas. “A pesar de los procedimientos, se establecieron informes que se han vuelto engorrosos. A esto se le suma que las entidades no gubernamentales se están quedando muy cortas para el volumen de casos. También el acceso de pruebas es limitado y los informes no llegan a la comisión de reconocimiento y por ende no son declaradas víctimas. Les colocaron muchas trabas y no habrá justicia”, asevera.
