A sólo cinco semanas de haber comenzado el nuevo gobierno, el país ha visto con justificada preocupación varios actos de ocupación de tierras en diferentes puntos del territorio nacional. El presidente habla de diálogo, pero las comunidades reclaman el cumplimiento de compromisos firmados décadas atrás.
Publicado por: Nelly Vecino Pico
Antes de que se cumpliera el primer mes del juramento de Gustavo Petro como presidente, el gobierno prendió las alarmas por varios hechos de orden público, la mayoría liderados por indígenas, dirigidos a la toma de predios privados, que ellos reclaman como parte de sus derechos.
Un ejemplo de esto ocurrió el pasado domingo 21 de agosto, cuando al menos 150 personas invadieron una finca ganadera y palmera ubicada en el municipio de Curumaní, Cesar.
Además, también se registró un enfrentamiento entre indígenas e ingenios azucareros en el Cauca, ante lo cual, el presidente Petro insistió en que el asunto fuera dirimido en el marco del primer diálogo regional por la paz.
Desde que llegó a la presidencia, Petro ha insistido en el diálogo como un mecanismo para la resolución de conflictos, tal como lo registró a finales de julio en Twitter: “Toda solución al conflicto por las tierras debe pasar antes que nada por el diálogo. Invito al movimiento indígena, a Asocaña y a los movimientos sociales del norte del Cauca a iniciar el primer diálogo regional de Colombia por la paz”.
Pero a comienzos de agosto pasado la situación cambió y el mismo Petro, ya en funciones presidenciales, fijó el plazo de 48 horas que manda la ley, para que las comunidades regresen los terrenos que decían haber recuperado “de los colonos”, en un acto que para el Ejecutivo era realmente una invasión.
Expertos consultados por esta redacción han recalcado que estos acontecimientos no son de ahora, sino de décadas atrás, que se originan en compromisos incumplidos por gobiernos anteriores y, además, por un enfrentamiento con comunidades indígenas, grupos étnicos y negritudes.
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