El llamado a indagatoria de varios excongresistas sobre el uso de los cupos indicativos en Galeras, Sucre, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre cómo estos recursos pueden ser usados para actos de corrupción.
Publicado por: Colprensa
Como lo fueron en el pasado los auxilios parlamentarios, los cupos indicativos, que son el presupuesto que se le asigna a los congresistas para atender las necesidades de las regiones donde fueron elegidos, siguen siendo un camino abierto para la corrupción.
Esta semana la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al excongresista y excandidato presidencial David Barguil, a la exsenadora Sandra Elena Villadiego y al exrepresentante Raymundo Elías Méndez. Todos ellos por algo en común: proyectos en Galeras, Sucre.
Ambas investigaciones tienen su génesis en 2017, donde el entonces alcalde de este municipio, Remberto Javier Amell Hernández, puso en marcha toda una operación de tráfico de influencias y coimas para la aprobación de proyectos en su municipio.
Hernández ya fue capturado y un tiempo después admitió su responsabilidad en estos hechos.
Respecto del excongresista David Barguil, la corte abrió investigación y lo llamó a indagatoria el pasado 11 de octubre, por la presunta comisión de tráfico de influencias, cohecho, financiación de campaña con fuentes prohibidas y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
“En su desempeño como congresista, Barguil habría supuestamente influido ante el Gobierno, con el objetivo de que se aprobaran recursos para desarrollar proyectos en Galeras, a cambio de beneficios económicos ilícitos”, dijo entonces la Corte.
Entre las pruebas recolectadas, la Fiscalía logró interceptar decenas de comunicaciones con el alcalde Amell hablando sobre la presunta necesidad de Barguil por acceder a recursos para su candidatura al Senado.
En otras conversaciones entre Barguil y el alcalde Amell, reveladas por Diario Criterio, estos insisten en finiquitar el negocio, así como realizar una reunión con Said, quien sería el que recibe las coimas. Ese Said sería Said Bitar Castilla, actual diputado de Córdoba, primo de Barguil y socio del Consorcio Galeras 2018 que ganó el contrato.
Lo que habría encontrado la Fiscalía con estas conversaciones es que los contratos se obtuvieron bajo la utilización de direccionamiento de contratos y coimas de un 15% del total desembolsado para Barguil y Villadiego por la gestión realizada.
Respecto de la senadora Sandra Villadiego y el exrepresentante Raymundo Elías Méndez, la Corte les abrió investigación por la presunta comisión de tráfico de influencias y cohecho propio.
Según el Espectador, en lo que respecta a Villadiego las pruebas determinan varias visitas de la exsenadora del partido de la U al Departamento de Prosperidad Social, todo esto con la presunta finalidad de obtener para el contrato de pavimentación vial acordado con el alcalde Amell y a cambio recibiría un 15% del valor del desembolso final.
¿Qué son los cupos indicativos y por qué son propensos a la corrupción?
Según Andrés Dávila, profesor titular del departamento de Ciencia Política Universidad Javeriana, “los cupos indicativos, antes llamados auxilios parlamentarios, son partidas que se le asignan a los congresistas para atender las necesidades de las regiones de las cuales provienen y en donde fueron elegidos”.
Nacieron en la reforma de 1968, con el nombre de aportes para el desarrollo regional, pero más conocidos como auxilios parlamentarios. Luego se introdujeron formalmente en la constitución y funcionaron hasta 1991, cuando fueron eliminados por ser una fuente de corrupción.
Luego revivieron, pero ahora con el nombre de cupos indicativos, y, como lo muestran los casos recientes, terminaron siguiendo el mismo camino de los antiguos auxilios.
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La Corte Constitucional ha manifestado en su jurisprudencia, que los cupos indicativos nacen por gestiones o solicitudes de los parlamentarios con el fin de fortalecer el desarrollo regional, lo cual no está prohibido, por el contrario, es una forma de promover el desarrollo regional.
El problema radica en que, una de las características distintivas de estos cupos es la facultad del congresista para determinar de forma subjetiva y con criterio propio el destino de la partida presupuestal de su región, además de figurar él como autor de tal gestión financiera.
Según el exministro Juan Camilo Restrepo: “El parlamentario es quien la direcciona; es quien define a qué alcalde (normalmente de su misma orientación política) le corresponde ejecutarla; a menudo postula quién habrá de ser el contratista o el interventor”.
Un problema de vieja data
Aunque el tema solo se volvió a agotar por las decisiones recientes de la Corte, lo propicios que son estos cupos a la corrupción es un tema que se conoce hace mucho tiempo.
En 2018, el entonces contralor general, Edgardo Maya Villazón, calculó, con base en investigaciones de la entidad, que por lo menos $57 billones se habían distribuido entre parlamentarios a través de los cupos en un periodo de 14 años.
La excongresista Aída Merlano, condenada por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte de armas, aseguró en una ocasión que, como no entendía cómo funcionaban los cupos indicativos, pidió explicación a un congresista amigo, que le dijo: “Tú busca un contratista y él se encarga de todo. Tú le dices que quieres darle un contrato para un proyecto y él te da el 15% de la plata”.
Las investigaciones de la Corte pueden abrir el camino para que finalmente se cierre esa puerta a la corrupción.
