Este miércoles, 13 de marzo, el vicecontralor en funciones de contralor, Carlos Mario Zuluaga, escuchará a ambas partes involucradas en el escándalo con el fin de garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes, un servicio vital para los ciudadanos.
Publicado por: K.M.
El escándalo que ha envuelto la licitación de pasaportes en el país ha alcanzado un punto álgido esta semana, con una reunión crucial programada para este miércoles en la Contraloría.
A partir de las 2:00 p.m., representantes de la Cancillería y de la empresa Thomas Greg & Sons se encontrarán cara a cara en un intento por desenredar la polémica que rodea la adjudicación del contrato y evitar posibles demandas al Estado.
Este encuentro se produce en medio de declaraciones contradictorias por parte de las autoridades. Mientras el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, ha afirmado que no se tiene la intención de firmar el contrato con Thomas Greg & Sons debido a presuntas irregularidades en el proceso de licitación, otros funcionarios han indicado que se están evaluando todas las implicaciones para encontrar la mejor solución y evitar enfrentamientos legales.
El contrato para la elaboración de pasaportes, los carrotanques de La Guajira y la gestión del ICBF en beneficio de la niñez, fueron temas que dejaron sinsabores en los representantes a la Cámara esta semana.
— Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) March 11, 2024
https://t.co/76NfcpXkqq pic.twitter.com/sxx6Cn0LlC
En una reciente declaración, Murillo subrayó que se han elevado consultas para tomar una posición clara como gobierno y asegurar una solución aceptable para todas las partes involucradas. En cuanto a la expedición de pasaportes, desmintió las preocupaciones sobre posibles problemas en la producción del documento, calificando las afirmaciones de desinformación.
En el ojo del Congreso de la República
La confusión persiste debido a los vaivenes del proceso. Después de que una primera licitación fuera declarada desierta en septiembre pasado por el entonces canciller Álvaro Leyva, aduciendo falencias, una segunda licitación fue adjudicada a la firma Thomas Greg & Sons por el exsecretario del Ministerio, José Antonio Salazar. Sin embargo, esta decisión fue posteriormente revocada, con Murillo argumentando que Salazar actuó sin consultar y en contra del deseo del canciller Leyva.
Mientras tanto, Thomas Greg & Sons insiste en que la Cancillería le adjudicó el contrato por cerca de 600.000 millones de pesos y ha instado a Murillo a firmar el contrato correspondiente, argumentando que los actos administrativos están en firme y gozan de presunción de legalidad.
En un intento por resolver la situación y evitar una posible demanda millonaria que podría afectar gravemente las finanzas del país, el contralor General (e), Carlos Mario Zuluaga, ha convocado a un encuentro entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons. El objetivo de esta reunión es buscar un acuerdo que evite una prolongada batalla legal que podría tener consecuencias económicas significativas para la nación.
Un firma alemana interesada
Publicidad
Una propuesta presentada por Alemania ha puesto sobre la mesa la posibilidad de fortalecer la autonomía colombiana en la producción de documentos de identidad, incluyendo pasaportes, e incluso permitir que Colombia ofrezca este servicio a otros países.
La oferta alemana promete no solo un ahorro significativo en comparación con los proveedores actuales, sino también la transferencia de tecnología y capacidad productiva al país. Según análisis previos, Colombia debería destinar cerca de $600.000 millones en cinco años para la fabricación de pasaportes mediante proveedores actuales. Este acuerdo supondría un cambio fundamental en la manera en que Colombia gestiona la emisión de pasaportes, eliminando la dependencia de proveedores externos.
La carta enviada por la filial mexicana de Veridos, grupo alemán especializado en tecnología de identidad, a la Cancillería colombiana detalla la oferta para producir pasaportes sin necesidad de concurso público. Este acercamiento se produjo a través de una misiva al entonces canciller Álvaro Leyva, quien actualmente se encuentra suspendido en sus funciones.
El desenlace de esta reunión en la Contraloría podría marcar un punto de inflexión en este escándalo que ha mantenido en vilo a la opinión pública y ha generado incertidumbre en cuanto a la seguridad jurídica del proceso de adjudicación de contratos gubernamentales.
Con información de agencias.
