La investigación apunta a decisiones adoptadas en un proceso millonario que ya había sido cerrado por el excanciller.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Fiscalía General de la Nación imputó a José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público, en medio del escándalo por la adjudicación del contrato de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons.
La decisión revive uno de los episodios más polémicos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha estado bajo la lupa por las decisiones adoptadas en torno a una licitación millonaria.
Las decisiones que desataron el caso
Según la entidad, Salazar se habría extralimitado en sus funciones al adjudicar el contrato para la expedición de pasaportes, luego de que el excanciller Álvaro Leyva ya había declarado desierta la licitación, por un valor de 559.000 millones de pesos.
Salazar, por su propia cuenta, revocó esa decisión y adjudicó el contrato a la firma Thomas Greg & Sons, lo que derivó en su salida del cargo. En su momento, el presidente lo señaló de haber actuado en contra de las directrices del Gobierno.
De acuerdo con la Fiscalía, el entonces funcionario no tenía facultades para reabrir ni adjudicar un proceso contractual que ya había sido cerrado, pues sus funciones eran principalmente administrativas y de coordinación institucional.
Señalamientos por incremento patrimonial
La investigación también pone el foco en los movimientos financieros de Salazar durante su paso por la Cancillería.
La Fiscalía señala que, entre el 18 de agosto de 2022 y el 26 de febrero de 2024, el exfuncionario habría adquirido un predio rural en Puerto López, Meta, por 950 millones de pesos, sin una justificación clara sobre el origen de los recursos.
Además, no se encontraron registros de transferencias, créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que respalden la compra del inmueble, lo que sustenta la imputación por presunto enriquecimiento ilícito.
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El caso sigue avanzando en la justicia y se suma a una serie de decisiones cuestionadas dentro del proceso de contratación de pasaportes, que ha generado tensiones políticas y judiciales en el país.
