La Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha ordenado a la Policía Nacional, Interpol, Dijín y la Registraduría Nacional eliminar los antecedentes judiciales de 9.600 firmantes de paz.

Publicado por: K.M.

Con una resolución de 10 páginas, la Sala señaló que ha recibido “múltiples solicitudes de información” por parte de quienes alguna vez fueron combatientes de las antiguas Farc. Por ende, desde septiembre de 2023 coordinó con distintas entidades el acceso a los decretos presidenciales mediante los cuales se concedieron las 9.600 amnistías.

Basándose en información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Sala conoció nueve decretos emitidos desde 2017, destinados a otorgar las amnistías a las cuales los excombatientes tenían derecho conforme al Acuerdo de Paz de 2016. Tras los actos administrativos, quienes firmaron la paz tenían el derecho de definir su situación jurídica.

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“Desde el momento mismo de su expedición, las personas que hicieron parte de las extintas Farc-EP tienen derecho a la adopción de las medidas necesarias para implementar las consecuencias que se derivan de dicho beneficio jurídico”, explicó la JEP, agregando que tiene la obligación de comunicar las amnistías e impartir pedagogía al respecto.

El 21 de febrero pasado, la Sala de Amnistía o Indulto realizó un acto público junto al último comandante de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, quien, junto al último secretariado de la agrupación, ha mantenido una disputa con la Jurisdicción por considerar baja la cifra de amnistías, las cuales solo se otorgan por delitos políticos.

Roberto Vidal, presidente de la JEP, expresó en ese momento que la Justicia Especial tenía información de más de 12.000 excombatientes que estaban llevando a cabo un proceso de reincorporación, el cual se veía obstaculizado por distintas dificultades derivadas del desconocimiento de su situación jurídica real.

Desde entonces, tras comunicar oficialmente más de 11.000 amnistías —incluyendo las entregadas por decretos presidenciales y las confirmadas por la Sala de Amnistía de la JEP—, la JEP ha intentado ejecutar campañas educativas y consolidar un cruce adecuado de información con entidades encargadas de concretar las consecuencias jurídicas.

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Por ende, la Sala le ordenó al Alto Comisionado para la Paz y al Ministerio de Justicia informar sobre el estado de los beneficios jurídicos otorgados a quienes retornan a la vida civil. Además, le ordenó a la Policía, Interpol y la Registraduría “impartir las instrucciones que corresponda” para actualizar los antecedentes penales.

“Le damos una orden a la Policía Nacional para que materialice los efectos de las amnistías de iure presidenciales que habían sido otorgadas en 2017 por el expresidente Juan Manuel Santos. No todas esas amnistías han sido materializadas, y por eso ellos (los firmantes) han tenido tropiezos con los antecedentes judiciales”, indicó la magistrada Diana Vega.

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La togada, de la Sala de Amnistía o Indulto, informó la decisión este jueves a quienes residen en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Variante, en Tumaco (Nariño).

Según Vega, la idea de materializar las amnistías es que quienes firmaron la paz “puedan tener un proceso de reincorporación exitoso”.

Con información de Colprensa.