Entre los señalados está Pablo Catatumbo, además, esta decisión reúne 468 hechos ocurridos en Tolima, Huila y Quindío durante el conflicto armado.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las Farc-EP, entre ellos Pablo Catatumbo, por 468 hechos ocurridos entre 1991 y 2016 en Tolima, Huila y Quindío.
Según la investigación, durante ese periodo la estructura guerrillera estuvo involucrada en 94 incursiones armadas, la cifra más alta registrada entre las antiguas estructuras de las Farc. El expediente también identificó dos patrones de actuación: uno relacionado con el control de las comunidades y los territorios, que concentró el 78,4 % de las víctimas acreditadas, y otro asociado con ataques contra la fuerza pública y otros adversarios, que representó el 13,9 %.
Los ataques y desplazamientos documentados en Tolima
Entre los hechos incluidos en la decisión está la toma de Roncesvalles, ocurrida el 14 de julio de 2000, cuando integrantes de los frentes 21 y 50 destruyeron más de 30 edificaciones y provocaron el desplazamiento de cerca de 800 habitantes.
#Atención | La JEP atribuye responsabilidad a nueve exintegrantes del antiguo Comando Conjunto Central de las extintas Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Tolima, Huila y Quindío. pic.twitter.com/ew69GHkwsX
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 29, 2026
Durante ese ataque, 13 policías fueron asesinados después de agotar su munición y rendirse, pese a que, según la JEP, les habían prometido respetarles la vida.
Otro episodio ocurrió en Puerto Saldaña, corregimiento de Rioblanco, donde una incursión que se prolongó entre abril y mayo de 2000 dejó más de 3.600 personas desplazadas, al menos 27 civiles muertos y alrededor de 200 viviendas destruidas. Entre otras: Defensoría pide rectificar señalamientos contra magistrada de la JEP Julieta Lemaitre
La investigación también documentó el uso de minas antipersonal en caminos transitados por campesinos y comunidades indígenas. Uno de esos hechos ocurrió en noviembre de 2004, en una zona rural de Alvarado, donde la explosión de un artefacto causó la muerte de Martha Muñoz Guevara y dejó herida a su hija, Delfa Eliana Meneses.
En 2011, en Planadas, otro artefacto explosivo mató a un integrante de la comunidad Nasa. Al día siguiente, un menor también murió cuando habitantes de la zona intentaban recuperar el cuerpo de la víctima.
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En medio de este proceso, el expresidente Juan Manuel Santos, quien fue uno de los impulsores del Acuerdo de Paz, destacó los avances de la JEP y señaló que, por primera vez, antiguos integrantes del Secretariado de las Farc reconocieron su responsabilidad y recibieron sanciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad. También indicó que 245 máximos responsables han reconocido su responsabilidad ante esta Jurisdicción.
Los nueve exintegrantes de las Farc deberán responder ante la JEP
Además de los ataques armados, el expediente recoge prácticas de control sobre la población, como la imposición de reglas de comportamiento, las presiones a las autoridades locales y las restricciones a la compraventa de tierras. También documenta amenazas y asesinatos contra líderes políticos, sociales y comunitarios, así como contra personas señaladas de colaborar con la fuerza pública o los paramilitares y quienes se negaban a cumplir órdenes o pagar extorsiones.
Junto con Pablo Catatumbo, la imputación incluye a Luis Eduardo Rayo, conocido como ‘Marlon’; Henoc Capera Trujillo, alias ‘Giovanni’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, ‘Armando Pipas’; Gustavo Bocanegra Ortegón, ‘Donald’; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, ‘Gonzalo’; Wilson Ramírez Guzmán, ‘Teófilo González’; Víctor Hugo Silva Soto, ‘Erick’ o ‘El Chivo’, y Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’.
Los nueve comparecientes tendrán 20 días hábiles, contados a partir de la notificación, para informar si reconocen los hechos y aceptan su responsabilidad. Dentro de la decisión, la JEP también les solicitó aportar la información que tengan sobre 30 personas desaparecidas relacionadas con estos casos, con el propósito de contribuir a las labores de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
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Si los comparecientes reconocen su responsabilidad, la Jurisdicción convocará una audiencia pública en la que participarán las víctimas y continuará el trámite para definir las sanciones propias que correspondan.
