La defensora del pueblo advirtió que las afirmaciones sobre Julieta Lemaitre, algunas relacionadas con su vida personal, pueden afectar la independencia judicial y reproducir estereotipos de género.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Defensoría del Pueblo pidió a los senadores María Clara Posada, del Centro Democrático, y Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, rectificar declaraciones sobre la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll. La entidad considera que algunos señalamientos carecen de sustento y contribuyen a desacreditar su trabajo.
En un pronunciamiento divulgado el 24 de octubre, la defensora del pueblo, Iris Marín, cuestionó la circulación de fragmentos de diligencias judiciales que, según la entidad, se han presentado fuera de contexto para sugerir una supuesta cercanía o complicidad de la magistrada con antiguos integrantes de las Farc.
La Defensoría también rechazó las alusiones a presuntas relaciones sentimentales de Lemaitre. A juicio de la institución, este tipo de comentarios desplaza la discusión sobre sus decisiones judiciales hacia aspectos de su vida privada y recurre a estereotipos de género para cuestionar su autoridad profesional.
La Defensoría destaca las actuaciones de la magistrada
Como parte de su pronunciamiento, la entidad recordó que, según información de la JEP, el despacho de Lemaitre ha emitido nueve autos de imputación contra 74 antiguos comandantes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre los hechos investigados figuran secuestros, asesinatos, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas.
También señaló que las investigaciones de la magistrada en el Caso 01 contribuyeron a las decisiones del Tribunal para la Paz contra integrantes del antiguo Secretariado de esa guerrilla por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio.
Para la Defensoría, utilizar apartes aislados de las audiencias para respaldar acusaciones de complicidad, sin tener en cuenta el conjunto de las investigaciones y las decisiones posteriores, puede distorsionar lo ocurrido y afectar a las víctimas que participan en los procesos.
Rechazamos la campaña de desprestigio y desinformación que se ha desarrollado durante las últimas semanas contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos ataques, que incluyen expresiones de violencia de género, no solo afectan… pic.twitter.com/9jWEcg3FAU
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 24, 2026
Llamado al debate con argumentos y pruebas
Marín reconoció que los congresistas pueden cuestionar las decisiones de la JEP, examinar su funcionamiento y proponer reformas. Sin embargo, recordó que sus intervenciones públicas deben estar respaldadas por información rigurosa y respetar la autonomía judicial.
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La entidad solicitó a Posada y Rodríguez corregir las afirmaciones que considera falsas o carentes de sustento, además de evitar la difusión de contenidos descontextualizados y expresiones que puedan promover la violencia basada en género.
La Defensoría advirtió, además, que los ataques digitales pueden trascender las redes sociales y tener consecuencias en la vida personal, laboral y en la seguridad de quienes los reciben.
El organismo aclaró que defender la independencia de la justicia no significa impedir el control público sobre la JEP ni cerrar la discusión sobre posibles cambios a la jurisdicción.
