La entidad advierte por el impacto sobre miles de víctimas y comparecientes vinculados a sus procesos de justicia transicional.

Publicado por: Redacción Nacional
A pocos días del segundo debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 en el Congreso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió mantener los $821.803 millones que el Gobierno incluyó inicialmente para su funcionamiento y advirtió que el recorte aprobado en primer debate afectaría la atención a las víctimas, las medidas de protección y el avance de las investigaciones sobre el conflicto armado.
El recorte aprobado asciende a $170.000 millones, por lo que el presupuesto de la JEP pasaría a $651.803 millones. Según la entidad, esta reducción representa una disminución del 16,6 % frente a los recursos asignados para 2026 y contempla una disminución de $140.000 millones en inversión y de $30.000 millones en funcionamiento.
JEP advierte impacto en la atención a las víctimas
La Jurisdicción explicó que la reducción de los recursos de inversión limitaría la realización de audiencias y diligencias judiciales en los territorios donde ocurrieron los crímenes, además de afectar la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial de las víctimas acreditadas. También lea: Congreso, Gobierno y la JEP chocan por presupuesto del tribunal transicional: tendrá $170.000 millones menos
Actualmente, la JEP registra 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, estos últimos representantes de cerca de 634.804 personas.
De acuerdo con la entidad, el recorte también comprometería las garantías judiciales de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la fuerza pública sometidos a la Jurisdicción, quienes reciben defensa técnica, asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial financiados con recursos de inversión.
Recorte pondría en riesgo esquemas de seguridad
La JEP también alertó sobre las consecuencias de reducir en $30.000 millones los recursos destinados al funcionamiento. Según sus cálculos, con el presupuesto disponible podría cubrir, en promedio, apenas cuatro meses de las medidas de protección para víctimas, testigos, comparecientes y funcionarios judiciales.
La entidad señaló además que la reducción afectaría a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que podría enfrentar restricciones para desarrollar investigaciones en territorio, actividades técnico-forenses y análisis de riesgo. Le sugerimos leer: Santos habla del futuro de la JEP y pide resultados antes de 2028: “Tiene que cumplir su cometido”
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A esto se suma el riesgo para el seguimiento al cumplimiento de las sanciones propias ya impuestas y de aquellas que sean definidas durante los próximos meses.
JEP asegura que ya aplicó medidas de austeridad
Ante la situación presupuestal, la Jurisdicción señaló que realizó, como medida de urgencia, una revisión interna del gasto. Con este ejercicio logró reducir la diferencia inicial de $125.839 millones a $84.633 millones, aunque aseguró que para conseguirlo ha tenido que asumir importantes restricciones en su operación.
Entre las medidas de austeridad implementadas están la realización de diligencias virtuales, la programación anticipada de audiencias y diferentes ajustes logísticos.
Según la JEP, estas acciones permitieron generar $21.575 millones en ahorros entre 2024 y julio de 2026.
La entidad pidió mantener los recursos inicialmente contemplados para 2027 mientras avanza el trámite del Presupuesto General de la Nación en el Congreso.














