La investigación identificó 208 crímenes de guerra, 104 hechos de tortura y testimonios de mujeres sometidas a procedimientos sin consentimiento.
Publicado por: Redacción Vanguardia
A los 12 años, una niña reclutada por las antiguas Farc estuvo amarrada durante casi dos años y sobrevivió a cerca de diez consejos revolucionarios de guerra. Según contó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el último de esos procedimientos logró evitar que la mataran. Muy diferente fue la historia para dos compañeros de otra víctima, también reclutada, quienes intentaron escapar, pero regresaron por miedo, y fueron amarrados y sometidos a consejo de guerra, para terminar siendo fusilados 15 días después.
Estos relatos hacen parte de los testimonios que reconstruyó la JEP sobre la vida de niños, niñas y adolescentes dentro de las filas de las antiguas Farc-EP. Allí, la disciplina de la guerra reemplazó la infancia, el hogar, el afecto y la autonomía, controlando desde los horarios, la alimentación, el aseo, las relaciones entre compañeros, el contacto con las familias, la vida afectiva y hasta las decisiones sobre el propio cuerpo. Cualquier incumplimiento, por mínimo que fuera, podía convertirse en una falta y, dependiendo de la valoración de los mandos, terminar en golpes, trabajos forzados, aislamiento, torturas o la muerte.
652 páginas fueron necesarias para que la Subsala J de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, documentara dos patrones de violencia que sometieron a por lo menos 18.677 niñas, niños y adolescentes a un sistema de desigualdad jerárquico que controló prácticamente todos los aspectos de su existencia.
El primero de ellos documentó el patrón de malos tratos, torturas, condenas, ejecuciones y juicios sin garantías contra menores reclutados. El segundo se concentró exclusivamente en las violencias reproductivas ejercidas contra las niñas.
A partir de dicha investigación, la JEP encontró bases suficientes para establecer al menos 208 crímenes de guerra por condenas y ejecuciones sin juicio previo o mediante procedimientos que no ofrecieron garantías. También identificó 104 hechos de tortura y 28 de tratos crueles. Asimismo, documento los testimonios de 91 mujeres que reportaron haber sido sometidas a abortos forzados cuando eran niñas, y otras 156 víctimas dijeron que fueron sometidas a métodos anticonceptivos sin que se les consultara o se les permitiera decidir libremente.
“Uno allá no tenía voz ni voto”
La investigación de la JEP muestra que el control sobre los menores comenzaba de manera inmediata al ingresar a la organización. La vida dentro de las filas estaba regulada por normas generales y por reglamentos particulares de cada frente, que eran establecidos por quien llevara la comandancia en ese momento, una suerte de capricho jerárquico. Las órdenes descendían desde las “instancias de dirección” hasta los “mandos territoriales”, que tenían la responsabilidad de vigilar su cumplimiento y aplicar las sanciones.
La Octava Conferencia Nacional Guerrillera, realizada en 1993, estableció “las guías que debían ser seguidas de manera literal por todas las instancias y subestructuras de las FARC-EP”. A partir de esos lineamientos, los estados mayores de bloque y de frente asumieron funciones para investigar las faltas, establecer responsabilidades y proponer sanciones. Los casos considerados más graves podían llegar a los consejos revolucionarios de guerra. Por ejemplo, quedar en embarazo era una falta gravísima “porque era un delito tener un hijo dentro de las FARC, desprestigiábamos a la organización por quedar embarazada”.
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En la práctica, esa “guía” se extendía a situaciones que podían parecer tan irrisorias o insignificantes en la vida civil, es decir, fuera de una estructura armada. Los testimonios recopilados por la JEP mencionan sanciones por bañarse sin permiso, hacerlo demasiado despacio, comer fuera de la hora establecida, hablar sin autorización, sentarse durante la guardia, tocar guitarra, hacerse un tatuaje o no bajarse las mangas de la camisa para cumplir una vigilancia.
Y como en cualquier entrenamiento militar, pero a una escala de auténtica crueldad, también había reglas estrictas sobre los horarios para levantarse y acostarse, los lugares donde podían permanecer, el tiempo destinado al baño y la manera de organizar las pertenencias. Los objetos personales debían estar identificados y cada integrante tenía asignadas responsabilidades. Una víctima contó que olvidar un vaso o una cuchara podía significar que tuviera que hacer diez viajes de leña. En ese ambiente, explicó, era común vivir sancionada por descuidos que podían ocurrir por nerviosismo o por las condiciones de la vida en el monte.
“(…) es duro, yo fui castigada por eso, porque nos dieron 5 minutos para baño, fue el primer día de trote, yo me escondí detrás de un palo, esperando que todos se fueran para bañarme, llegué 10 minutos después, ocho viajes de leña por haberme pasado del tiempo”, relató una de las víctimas.
La JEP encontró que no existía una distinción efectiva entre las tareas asignadas a adultos y menores. Las actividades se distribuían sin tener en cuenta la edad, la condición física o la madurez de quienes las realizaban. Los niños y niñas podían ser destinados a preparar alimentos, conseguir leña, limpiar los campamentos, servir como peluqueros o enfermeros de turno, cavar trincheras, hacer guardias y transportar equipajes. Todo ello bajo desigualdades físicas evidentes, injustas, sin la más mínima proporción.
La llamada ranchería, el lugar donde se preparaban los alimentos, podía implicar jornadas extenuantes para atender a cientos de integrantes. También debían cavar los llamados chontos, utilizados como baños, y mantener en condiciones los espacios de descanso. Las labores se realizaban sin que necesariamente existieran tiempos de recuperación, y mucho menos espacios de recreación. En ocasiones, los menores recibían insultos, amenazas y golpes cuando no lograban cumplir las exigencias.
Una víctima reclutada a los 11 años por el Frente 47 del Bloque Noroccidental contó que fue obligada a cargar un arma de gran tamaño y a dispararla, pese a que su madre se opuso. El peso y el impacto del disparo le golpearon el abdomen. Cuando dejó el arma en el suelo para regresar con su mamá, recibió dos bofetadas. En otro testimonio, un menor reclutado a los 15 años relató que decidió escapar después de que un comandante lo amenazara con un fusil por solicitar un jabón para su dotación personal.
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Otra víctima reclutada a los 14 años contó que tuvo que caminar con los pies llenos de ampollas y heridas, mientras la obligaban a continuar. Otra más relató que el peso del equipaje le produjo una hernia en la ingle, que incluso después de una operación siguió causándole dolor.
En el Comando Conjunto Central, una persona reclutada a los ocho años relató que, tras intentar escapar, fue amarrada, enterrada y golpeada. Dijo que le cortaron las piernas con alambre de púas y que las lesiones le dejaron problemas de movilidad. Otra víctima contó que, durante varios días, tuvo que caminar con poca comida y agua, mientras recibía humillaciones y castigos.
Todo lo que pudiera quebrar el cuerpo, la mente, la voluntad y el espíritu fue usado en contra de los menores, incluso la posibilidad de comunicarse libremente con sus padres, hermanos o personas cercanas. La prohibición de mantener contacto era especialmente difícil para quienes habían ingresado siendo niños y todavía necesitaban vínculos de protección y acompañamiento. Expresar tristeza o manifestar que extrañaban su hogar, como cualquier niño pequeño lo haría, podía interpretarse como desmoralización y convertirse en motivo de sanción.
En medio de tanto abandono y sin poder encontrar una salida, la investigación registró al menos cinco casos de suicidios o intentos de suicidio que involucraron a menores dentro de las filas. En los registros de “novedades e infracciones” del Bloque Oriental se identificaron al menos 20 suicidios. Uno de ellos, una joven que “se pegó un tiro porque se quería ir para la casa”.
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El entrenamiento militar era otro de los escenarios en los que los menores quedaban expuestos a exigencias físicas y psicológicas que no tenían en cuenta su edad, su fisionomía o sus limitaciones. Los cursos básicos de “formación político-militar” y las “escuelas de entrenamiento” estaban orientados a preparar a los nuevos integrantes para la vida guerrillera. En ellos se impartían instrucciones sobre el funcionamiento de la organización, el manejo de armas, la disciplina y las actividades militares.
La JEP encontró que las jornadas de formación podían tener altos niveles de exigencia física y psicológica, en las que los menores debían adaptarse a las marchas, los ejercicios, el peso de los equipos y las condiciones del terreno. Algunos fueron obligados a realizar actividades para las que no tenían la fuerza o la preparación necesarias, pero la dificultad para cumplirlas, el cansancio o la más simple queja podía derivar en reprimendas, castigos y agresiones.
“No salía de los diez años cuando me tocó que disparar un falker, fue más grande el fusil que yo, que me tumbó, me tumbó y me reventó la boca porque el fusil era muy grande (…) yo no estaba bien preparada y yo me paré y claro a mí me tumbó porque yo no sabía era muy pesado y el halaba muy duro y a mí me tumbó y ese día me sancionaron “ay este hijueputa no es capaz de…”, recordó otra de las víctimas.
“Solo estaba esperando un consejo de guerra para matarme”
Según los testimonios, la permanencia dentro del régimen se entendía como una obligación de por vida, “hasta el triunfo de la revolución”. El “licenciamiento”, que dependía de la autorización de las instancias superiores, era excepcional y no representaba una posibilidad real de salida para la mayoría de los menores.
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En ese contexto, intentar escapar podía convertirse en una de las faltas más graves, y quienes eran capturados después de una fuga podían ser golpeados, amarrados, aislados y sometidos a consejos revolucionarios de guerra. Algunos permanecían durante semanas o meses a la espera de una decisión, y la incertidumbre sobre si serían liberados o fusilados formaba parte del castigo.
Dichos consejos revolucionarios de guerra eran procedimientos internos en los que se investigaban y sancionaban las faltas consideradas delitos por la organización. Sin embargo, los testimonios muestran que estaban muy lejos de garantizar un juicio independiente, o tan siquiera el derecho a defenderse en condiciones adecuadas. En esos escenarios caracterizados por desigualdad y poder, los mandos podían actuar como acusadores y las decisiones se tomaban dentro de la misma estructura que había impuesto las normas.
La JEP documentó al menos 208 crímenes de guerra relacionados con condenas y ejecuciones sin un juicio previo ante un tribunal regularmente constituido, como se supone que deben ser los juicios, o sin las garantías reconocidas por el derecho internacional. Los relatos hablan de que las condenas podían ser desproporcionadas y que las ejecuciones regularmente se utilizaban para intimidar a otros integrantes y mostrarles lo que también les podía pasar.
Una de las víctimas recordó el caso de un niño que fue fusilado después de cometer varias faltas al reglamento. Una de ellas había sido echar sal al café por equivocación. El menor fue sometido a un consejo de guerra y posteriormente ejecutado.
Los castigos también podían prolongarse durante días, como fue el caso de una niña reclutada a los 10 años por el Frente 29, en Nariño, quien contó que estuvo a punto de ser fusilada porque se encontraba desanimada. La mantuvieron amarrada durante cinco días, pero finalmente le dieron una “segunda oportunidad”. Después de ese episodio, dijo, “me toco demostrar buen comportamiento”, para evitar que volvieran a intentar matarla.
“Lo primero que hicieron cuando ingresé fue ponerme anticonceptivos”
Además de las tareas y las exigencias militares, los cuerpos de las niñas quedaron sometidos a una política de anticoncepción obligatoria que buscaba evitar embarazos dentro de las filas, sobre todo después de la Octava Conferencia, donde se estableció que “las mujeres no llegaban a la guerrilla para ser madres de familia”. Dicha medida, presentada como “planificación familiar obligatoria”, y que realmente distaba mucho de serlo, establecía métodos específicos para la interrupción de los embarazos, entre los que se autorizaba y “recomendaba” el uso de anticonceptivos como el Norplant.
Las niñas podían recibir un método de planificación poco después de ingresar a la guerrilla, incluso cuando todavía no habían iniciado su vida sexual. En algunos casos tenían 12 o 13 años. Los testimonios describen que eran llevadas a procedimientos sin que se les explicara qué les iban a hacer, qué método les aplicarían o cuáles podían ser sus consecuencias.
Una víctima contó que no quería abrir las piernas cuando vio que un guerrillero se acercaba con un instrumento médico. Como era de esperarse para una niña de su edad, comenzó a llorar y trató de resistirse. Dos personas la sujetaron y una mujer le introdujo un dispositivo intrauterino. La niña no sabía qué era lo que le estaban poniendo. Solo después comprendió que se trataba de una T de cobre para evitar un embarazo.
Otra víctima dijo que había visto a niñas de 12 y 13 años hacer fila pocos días después de ingresar a las filas para que les implantaran un dispositivo. Recordó que algunas gritaban y lloraban mientras varias personas las sujetaban de las manos y los pies. Según su relato, después del procedimiento algunas no podían sentarse durante ocho o quince días, pero debían continuar cumpliendo sus tareas.
La anticoncepción era presentada desde el primer momento en que las niñas ingresaban a las filas como una orden del reglamento, y en los testimonios aparecen advertencias sobre las consecuencias de negarse. Una víctima explicó que no dejarse aplicar una inyección podía considerarse incumplimiento de una orden y que, si la negativa se repetía, podía convertirse en una falta grave o un delito. Otra recordó que la planificación era obligatoria y que no existía una posibilidad real de oponerse.
Pero como si la falta de voluntad no fuera suficiente, las condiciones en las que se realizaban los procedimientos eran, por decir menos, inhumanos. La investigación encontró que no siempre había exámenes médicos mínimos para determinar cuál era el método adecuado para cada niña. En ocasiones, la selección se hacía mediante ensayo y error, y el personal encargado no tenía la preparación o los instrumentos necesarios. También se reportaron procedimientos negligentes y afectaciones a la salud.
La disponibilidad de métodos dependía, además, de las condiciones del conflicto y de los recursos con que contaban las estructuras, que en muchos casos eran menos que limitados. En el caso de los dispositivos intrauterinos, por ejemplo, se requerían instrumentos específicos y material estéril. Cuando había suerte y se conseguían esos elementos, se organizaban jornadas para aplicarlos.
“Era mejor que me lo sacaran a que me fueran a matar”
Cuando una niña quedaba embarazada, la organización podía y debía ordenar la interrupción del embarazo. La JEP documentó 137 hechos de aborto forzado reportados por 91 mujeres que fueron reclutadas cuando eran menores de edad. El 26% de ellas señaló que había sufrido dos o más abortos, entre 1980 y 2016, registrados en todos los bloques de las antiguas Farc.
Una de las víctimas contó que quedó embarazada cuando estaba por cumplir 15 años. Quería tener a su bebé y pidió que le permitieran continuar con el embarazo. La respuesta corta y fría fue que debía abortar, y que si se negaba podía ser sometida a un consejo de guerra. La niña terminó aceptando porque, según explicó, prefería que le sacaran el bebé antes que arriesgarse a que la mataran.
En otros casos, los procedimientos se realizaron mediante engaños, en los que algunas niñas ni siquiera entendían o sabían lo que estaba pasando, muchas de ellas recibieron medicamentos abortivos bajo la explicación de que eran vitaminas o tratamientos para enfermedades. Otras fueron drogadas para impedir que se resistieran. La JEP documentó relatos de víctimas que ni siquiera supieron que habían sido sometidas a un aborto hasta después de que la interrupción ya se había producido.
“Cogieron entre dos y me amarraron a una camilla, la verdad ahí si no supe nada más, lo único que me acuerdo es que me amarraron a una camilla y cuando me levanté y ya no estaba (…) la otra muchacha me dijo, me dijeron que fue un niño al que a usted le sacaron, era un niño porque ya estaba todo formado, ella miró cuando me sacaron el bebé”, recordó una de las víctimas.
Otra de las víctimas relató que pidió y rogó que la dejaran tener a su bebé. Incluso había una familia dispuesta a recibirlo, pero la organización no lo permitió. El embarazo llegó hasta los ocho meses y, aun así, le practicaron el aborto.
Informe de Colprensa.
