La Sala Plena también revisará una demanda contra disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con la delimitación de áreas agrícolas.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Corte Constitucional realizará este lunes 9 de noviembre una sesión extraordinaria para estudiar dos asuntos que tienen implicaciones en el ámbito judicial y en las competencias de las autoridades territoriales. La jornada, programada para las 9:00 de la mañana, tendrá como primer punto un expediente relacionado con una controversia entre dos instituciones del Estado sobre sus facultades para adelantar una investigación.
La discusión estará a cargo de la Sala Plena y tendrá como ponente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. El expediente, identificado con el número CJU-7957, involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez y se relaciona con presuntos vínculos con estructuras paramilitares.
La disputa entre la Fiscalía y la Comisión de Acusación
La controversia comenzó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad reclamar el expediente que actualmente está en manos de la Fiscalía General de la Nación.
La Comisión argumenta que algunas conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían extendido hasta 2003, cuando Uribe ejercía como presidente. Por ello, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que el Congreso debería asumir el proceso.
El lunes 9
— Los Escribanos (@EscribanosCol) November 8, 2026
Habrá sala extraordinaria de la @CConstitucional y el 1er punto en el orden del día es la definición del proceso contra el expresidente @AlvaroUribeVel por presuntos vínculos con el paramilitarismo ¿sera de la Fiscalía o la Comisión de Acusación de la @CamaraColombia ? pic.twitter.com/AHaehjWULv
La Fiscalía, por su parte, sostiene que debe conservar la competencia, pues los hechos investigados habrían ocurrido entre 1995 y 1997, durante la gobernación de Uribe en Antioquia.
La decisión de la Corte no establecerá responsabilidades penales, sino que determinará cuál de las dos instituciones debe continuar con la investigación.
Demanda cuestiona facultades del Gobierno sobre el suelo rural
El segundo punto del orden del día corresponde al expediente D-16118, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo. Se estudiará una demanda contra un apartado del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
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La discusión gira en torno a las facultades del Gobierno, el Ministerio de Agricultura y la UPRA para identificar y delimitar áreas destinadas a proteger la producción de alimentos, entre ellas las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.
Los demandantes cuestionan si estas disposiciones afectan la autonomía de municipios y distritos para establecer sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución.
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) también ha expresado preocupación por una posible limitación de las competencias municipales para definir los usos del suelo.
