El funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, columna vertebral del Proceso de Paz con las Farc, tendrá un recorte presupuestal de más de $170.000 millones. Desde el tribunal de justicia transicional aseguran que se está “asfixiando” la corte que ha escuchado a víctimas y victimarios de más de 50 años de conflicto armado en Colombia.
Publicado por: Katterine Dimas
La propuesta que Abelardo De La Espriella lanzó en su campaña presidencial pareciera estar cerca de cumplirse: desmantelar la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, columna vertebral del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc, en 2016.
Esta misma semana, las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron, en el Presupuesto General de la Nación 2027, la reducción de $170.000 millones en el funcionamiento del tribunal de justicia transicional, que está próximo a cumplir una década escuchando a víctimas y victimarios de más de 50 años de conflicto armado.
El mismo presidente Abelardo De La Espriella ha respaldado la propuesta de recortar el presupuesto de la JEP para transferir parte de esos recursos a la justicia ordinaria.
“Esto no es asfixia ni venganza. Es responsabilidad fiscal”, sentenció el jefe de Estado, cuando Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, propuso recortar recursos del tribunal.
Mientras la JEP pedía una adición presupuestal de $947.000 millones para el funcionamiento de 2027, las comisiones económicas, que tendrán respaldo en el pleno del Congreso, decidieron recortar los recursos de la justicia transicional en Colombia.
“Dejar a la JEP sin esos $170.000 millones nos deja inoperantes. No nos vamos a someter al Ejecutivo. Podemos entregar explicaciones a la ciudadanía y a quienes la soliciten, pero eso no significa rendirle cuentas a la Presidencia de Colombia”, afirmó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, visiblemente molesto con la decisión de las comisiones de economía y del mismo presidente Abelardo De La Espriella. De hecho, el magistrado acudió a la Corte Penal Internacional, alegando que la medida podría afectar su independencia y autonomía judicial.
Parte de ese recorte que se le hizo a la JEP irá para el sector deporte, a través de una proposición presentada por los representantes a la Cámara Daniel Briceño, Miguel Ángel Pinto, Julio César Triana y Jaime Arizabaleta.
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“El Gobierno Nacional acogió nuestra propuesta de reasignar recursos de la JEP para sumar $100.000 millones al deporte colombiano y preparar los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027”, puntualizó Pinto, miembro de la bancada santandereana en el Legislativo.
¿Derroche en la JEP?
Aunque el tribunal y quienes respaldaron el Proceso de Paz en 2016 defienden su funcionamiento y piden la implementación de lo pactado, desde el oficialismo abelardista cuestionan los pocos resultados en casi una década, marcada por lo que denominan “derroche presupuestal”.
Así lo dio a conocer esta misma semana la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, quien aseguró que la justicia transicional debe mostrar mayores resultados frente a su inversión, que en los últimos ocho años ha recibido más de $3 billones.
“La JEP dijo que la entidad quedaba sometida a la quiebra con el recorte que aprobaron las comisiones económicas. Después de ver las cifras de viajes, la pregunta que nos queda a muchos es si la preocupación recaerá en que no podrán seguir viajando por el mundo como lo han venido haciendo estos años. Además de gastar $23.963 millones en tiquetes, la JEP ha desembolsado $32.472 millones en viáticos y gastos de viaje para sus funcionarios y contratistas. Solamente entre 2022 y 2025 (Gobierno Petro), este último rubro creció 191 %”, cuestionó Posada.
Justamente, el mismo senador de Salvación Nacional Enrique Gómez, que ha pedido el recorte presupuestal de la JEP, radicó hace pocos días un proyecto de ley que busca que este tribunal funcione únicamente hasta marzo de 2028, es decir, restándole cuatro años de operación para que sigua escuchando a víctimas, victimarios y tomando decisiones sancionatorias.
“La propuesta establece que el periodo de esta jurisdicción sea de 10 años y que, una vez cumplido, no pueda ser prorrogado nuevamente. Planteamos que la JEP concluya sus funciones en marzo de 2028 y que los procesos que no hayan terminado pasen a la justicia ordinaria, bajo las reglas ya establecidas en la justicia transicional”, puntualizó el senador Gómez Martínez.
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¿Se asfixia la JEP?
Las voces que defienden el funcionamiento de la justicia transicional, que no establece penas privativas de la libertad, sino sanciones sociales, no se hicieron esperar en medio del reciente debate que ha rodeado al tribunal.
No son pocos los que han defendido la JEP. Incluso han defendido las polémicas curules de paz que durante ocho años estuvieron en el Congreso, hasta que a Comunes, el partido de los ex-Farc, le tocó competir voto a voto para mantenerse en el Legislativo, aunque no lo logró.
María Fernanda Carrascal es una de las voces que ha defendido el Acuerdo de Paz desde que se votó el fallido plebiscito de Juan Manuel Santos.
“Defender la JEP es defender el derecho de las víctimas a conocer la verdad, encontrar a sus desaparecidos, obtener justicia y exigir reparación. No es un tribunal creado para borrar los crímenes del conflicto: es una jurisdicción constitucional, transitoria y autónoma, creada precisamente para investigar las graves violaciones de derechos humanos y del DIH y establecer responsabilidades. La Corte Constitucional ha señalado que, frente a los crímenes más graves, el Estado mantiene el deber de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables”, afirmó Carrascal, quien es representante a la Cámara por el Pacto Histórico.
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En un sentido similar se pronunció el exsenador y exprecandidato presidencial Juan Manuel Galán, quien defendió el funcionamiento de la JEP, aunque pidió mayores resultados por parte de este tribunal transicional.
“La JEP nació del Acuerdo de Paz con un mandato claro: verdad, justicia y reparación para las víctimas. El Estado debe garantizar los recursos para cumplirlo. Pero financiar no es eximir de resultados. La JEP tiene un plazo fijo y ese plazo exige decisiones, sanciones y reparación efectiva. Ni recortes que la asfixien ni recursos sin resultados”, puntualizó Galán.
Las voces de las víctimas
Si hay alguien en medio de la discusión a favor o en contra de la JEP, son las víctimas del conflicto armado en Colombia. El pilar fundamental de ese Proceso de Paz ha sido la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos de violencia.
De hecho, las Madres de los Falsos Positivos de Soacha, Mafapo, son voces a favor del tribunal de justicia transicional, toda vez que les ha permitido conocer la verdad en medio de los hechos que hicieron pasar a sus hijos como ejecuciones las extrajudiciales por parte de las Fuerzas Militares.
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“Respeten los derechos de las víctimas a la justicia y verdad, 10 años duramos en justicia ordinaria y ¿qué logramos? Burlas e impunidad. JEP, gracias al trabajo hecho hemos encontrado muchos desaparecidos”, afirmaron.
Ingrid Betancourt, varias veces candidata presidencial, exsenadora y quien pasó 10 años de su vida secuestrada por las Farc, va en contravía de la JEP y de su funcionamiento. Asegura que este tribunal no ha garantizado la justicia que se prometió.
Betancourt agradeció a Enrique Gómez que presentara el proyecto de ley que busca acabar en menos de dos años el funcionamiento de este tribunal, incluso reconocido por la ONU.
“Gracias senador Enrique Gómez por interpretar el sentir de las víctimas de las Farc. Ponerle final a la JEP es la oportunidad de hacer lo que se nos prometió y nunca se cumplió: garantizar por fin el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, afirmó.
¿Qué ha pasado en 10 años?
Ocho años después de que entró en funcionamiento la JEP, se han documentado 432 imputaciones, una tasa de reconocimiento de responsabilidad del 91,76 %, 16.097 víctimas individuales acreditadas y 444 sujetos colectivos.
Asimismo, en septiembre de 2025 se conocieron las primeras sanciones con sentencias: la del Caso 01, por secuestro, y la del Caso 03, por ‘falsos positivos’.
Hoy son cuatro las sentencias de macrocasos. Dos están en firme (contra siete miembros del antiguo Secretariado y contra 12 militares del Batallón La Popa) y dos se dieron por la vía adversarial: 20 años para el coronel (r) Publio Hernán Mejía y una sanción alternativa de 69 meses para el teniente coronel (r) Germán León Durán.
Al mismo tiempo, avanzó en nuevas investigaciones contra excomandantes por hechos de violencia sexual y de género.
Una de las decisiones más recientes se conoció el 18 de septiembre de 2026, cuando la JEP activó la ejecución de las sanciones impuestas a siete antiguos integrantes del Secretariado por su responsabilidad en el secuestro y otros delitos relacionados con la privación de la libertad.
Los sancionados son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda.
Las sanciones son propias de la JEP, es decir, no corresponden a una pena ordinaria de prisión. Incluyen restricciones efectivas de derechos y libertad y, principalmente, la obligación de realizar trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador, conocidos como TOAR.
Los siete deberán cumplir, además, controles de movilidad y vigilancia electrónica y no podrán salir del país durante el tiempo de la sanción, salvo autorización judicial.
Los tiempos varían según la responsabilidad individual. Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo deberán cumplir ocho años; Jaime Alberto Parra, siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo, seis años, y Rodrigo Granda, cinco años.
La ejecución de estas sanciones representa un cambio importante: la JEP ya no solo está estableciendo responsabilidades, sino que debe garantizar que las decisiones se cumplan y que las actividades tengan un efecto reparador para las víctimas.
Entre las primeras actividades previstas está la búsqueda de personas desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila.
Excomandantes imputados por violencia sexual
Mientras comienza el cumplimiento de esas sanciones, la JEP continúa abriendo nuevas investigaciones. El 21 de septiembre imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco antiguos comandantes del Frente Sexto y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las Farc, por 68 hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género ocurridos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
La Sala de Reconocimiento encontró elementos para atribuirles responsabilidad por mando, al considerar que no ejercieron un control efectivo para prevenir, investigar y sancionar los crímenes cometidos por sus subordinados. Entre los hechos documentados aparecen violaciones, torturas, abortos y anticoncepción forzada y tratos humillantes y degradantes. La JEP identificó, además, un “patrón criminal” de violencia sexual y otras violencias basadas en género.
Sin embargo, hay una diferencia fundamental: estos cinco excomandantes no han sido sancionados. Fueron imputados. Ahora tendrán la posibilidad de reconocer responsabilidad y aportar verdad, lo que puede determinar el camino que seguirá el proceso.
Seis antiguos jefes vuelven a rendir versión
Días antes, la JEP había llamado a rendir versión a otros seis integrantes del antiguo Secretariado: Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, dentro del Caso 11, relacionado con violencia sexual, reproductiva y violencia basada en prejuicios por orientación sexual.
La investigación ha documentado 62 hechos que afectaron a 30 víctimas directas. Entre ellos hay 16 hechos de violencia sexual y 35 relacionados con violencia reproductiva, incluidos abortos y anticoncepción forzada. La JEP explicó que busca establecer si estas conductas pudieron ser determinadas o controladas desde el Secretariado, como máxima instancia de dirección de la antigua guerrilla.
Así, las decisiones recientes muestran tres momentos diferentes de la justicia transicional: sanciones que ya comenzaron a ejecutarse, nuevas imputaciones y llamados a rendir versión. No son decisiones equivalentes, pero juntas muestran que, diez años después del Acuerdo de Paz, la JEP continúa avanzando en la determinación de responsabilidades y entra en una etapa en la que sus decisiones deben traducirse tanto en verdad y reparación para las víctimas como en obligaciones concretas para quienes fueron llamados a responder por los crímenes.
