El Gobierno Nacional espera promover una amplia agenda de proyectos en el Congreso de la República durante la nueva legislatura. Sin embargo, la división en el Legislativo y el calibre de los proyectos complican esas aspiraciones.
Publicado por: Colprensa
Ambiciosa. Esa es la palabra con la cual hay que referirse a las intenciones que desde ya tiene el Ejecutivo para lograr que le haga el Congreso de la República desde el próximo 20 de julio cuando arranca el tercer periodo de sesiones, el cual por tradición es un año en el que ningún gobierno hace apuestas legislativas grandes.
Y es ambicioso porque en el mismo, el deseo del presidente de la República, Gustavo Petro, es que le aprueben reformas constitucionales, terminar el trámite de una gran reforma social, la presentación de otras reformas y al menos una decena de proyectos más que se incluirán en las tareas en las que desde ya ha empezado a trabajar el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Y aunque Cristo ya habló de lleno sobre cuál es el norte de esa agenda legislativa del Ejecutivo, fue el propio presidente Gustavo Petro, quien agitó mucho más el ambiente político en el Congreso con el anuncio de que se tramitará una Asamblea Nacional Constituyente.
Precisamente, desde Nueva York, en el seno de la ONU, Petro habló de la necesidad que el Congreso le habilite el llamado ‘fast track’ legislativo, similar a como pasó entre 2015 y 2016 cuando por esa vía el Senado y la Cámara la aprobaron al entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, las reformas constitucionales que le dieron vía libre al Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, comenzando por su desmovilización y el perdón de sus delitos, incluyendo los de narcotráfico.
Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el mandatario señaló: “voy a proponerle al Congreso de Colombia, y a las cortes, y a la sociedad, indudablemente, repetir un ‘fast track’. Le llamaron así, en inglés, en Colombia, a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Ya se hizo, pero los proyectos de aquella época, Gobierno Santos, tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo de paz con la Farc. Y ahora tenemos que presentar, son los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz”.
Y si bien no precisó cuándo presentará la propuesta, legislativamente deberá hacerlo lo más rápido posible porque ese mecanismo del ‘fast track’ obliga a que el mismo se tramite primero como una reforma temporal a la Constitución y luego sí tramitar más reformas, que, como ya lo señaló Petro, pretenden tratar temas de inclusión territorial, sistema general de participaciones, excarcelar a campesinos productores de hoja de coca, inversiones para sustituir economías ilícitas, reforma agraria y preservación de la selva amazónica.
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El sorpresivo anuncio del mandatario llevó a que su antecesor, Iván Duque, reaccionara preguntándose cuál es el verdadero interés de Petro con ese trámite legislativo rápido. “Las llamadas ‘reformas del cambio’ intentarán presentarlas como mecanismos vinculados al proceso con las Farc para decir que son parte de la implementación. Como el tiempo del Gobierno se agota, intentarán justificar un ‘fast track’ para aprobar esas tales “reformas del cambio”. Buscan que, bajo el ‘fast track’, se reduzcan los tiempos en la agenda legislativa y puedan imponer la agenda del Gobierno”, dijo.
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El expresidente Duque le recordó a su sucesor que su idea, por más que la haya planteado ante la ONU, no se podrá hacer. “Olvidan que gracias a la demanda que ganamos en 2017 ante la Corte Constitucional, ya no hay ‘fast track’ vigente. Así que deberán avanzar con un acto legislativo (ocho debates) para reformar la Constitución. Buscan un mecanismo espurio para debilitar el trámite legislativo, y así, debilitar al Congreso en una sustitución de la Constitución. Ya hemos derrotado estos abusos una vez y lo haremos cuantas veces sea necesario”.
Otra voz de oposición le salió a la idea del jefe del Estado, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien sostuvo que “el incumplimiento a los acuerdos a se debe a la incapacidad técnica y humana de la falta de compromiso del gobierno Petro. Esto no se soluciona con más reformas constitucionales, muchos menos disminuyendo la cantidad y la intensidad de los debates en el Congreso de la República”.
Según Motoa, “es necesario que el Presidente se comprometa con rigor a no improvisar más y asuma la responsabilidad en la implementación del Acuerdo de Paz y suspenda los ceses al fuego con organizaciones de guerrillas que vienen asesinando a los excombatientes de las Farc”.
La tarea de Cristo
El entrante ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llegó con una responsabilidad muy grande, similar a como cuando ocupó el mismo cargo cuando fue ministro del presidente Juan Manuel Santos, momento en que precisamente se estaba tramitando el ‘fast track’, pero con unos escenarios muy distintos.
En el 2016, el mandatario de la época tenía unas mayorías muy grandes, las cuales superaban más del 70 % en ambas corporaciones y se tramitaba un tema que despertaba mucha esperanza en el país, la paz.
Hoy las cosas son muy distintas, el presidente Petro no tiene esas amplias mayorías de Santos y si bien le llegan en la Cámara a un 65 %, en el Senado los votos para conseguir las aprobaciones, como por ejemplo la reforma pensional, fueron muy justos, apenas pasando los 50 senadores.
Con esos números y en un tema tan complicado como es el ‘fast track’, el mismo no le sería aprobado a Petro para lograr al menos unas tres reformas constitucionales en las que recoja todos los propósitos del mandatario.
Cristo, al pronunciarse sobre lo dicho por su jefe ante la ONU, aseguró a los medios que “el cumplimiento del acuerdo se ha venido presentando lentamente y hay una frustración del presidente de la República con ese avance lento de la implementación normativa”.
