El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en estos casos casos conocidas como “falsos positivos”, principalmente en Antioquia.
Publicado por: K.D.
Los civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate por agentes del Estado no eran delincuentes ni portaban armas, según reconoció este miércoles el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en un acto de perdón público en Medellín ante familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
“Ellos no pertenecían a grupos guerrilleros, no se habían enfrentado en combate, no tenían armas, no eran delincuentes, no fueron muertos en operaciones reales, sus muertes no fueron en acciones legítimas del Ejército”, señaló el ministro durante el evento celebrado en el Museo Casa de la Memoria.
El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en estos casos casos conocidas como “falsos positivos”, principalmente en Antioquia, donde ocurrieron más de 1.600 de estos asesinatos entre 2002 y 2008, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Velásquez admitió que “la institución que hoy dirijo falló” y expresó que los miembros del Ejército Nacional cometieron crímenes atroces al presentar a civiles como guerrilleros caídos en combate.
“Independientemente de las órdenes impartidas en las sentencias, nuestro sentimiento de solidaridad con las víctimas y nuestro compromiso con la democracia no requieren de una sentencia que nos ordene actuar”, agregó el ministro.
El evento fue presidido también por el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, y contó con la participación de familiares de las víctimas. El abogado Javier Villegas Posada, representante de 26 familias afectadas, denunció que el Estado aún no ha cumplido completamente con la obligación de reparar a las familias mediante indemnizaciones.
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Villegas Posada subrayó que “la impunidad y la falta de indemnización vulneran los derechos a la garantía de no repetición y a la reparación integral”
Aunque estos actos de reconocimiento son un paso importante hacia la dignificación y el reconocimiento de los derechos de las víctimas, el abogado criticó la demora en el proceso de indemnización, señalando que 17 de las familias que representa han esperado más de seis años por una reparación económica adecuada, lo que considera revictimizante.
El Estado colombiano pidió perdón por las ejecuciones extrajudiciales de más de 30 víctimas en Antioquia, entre las que se encuentran Carlos Alberto Sepúlveda Sepúlveda, Javier Barrera Pino, Javier Alfonso Sepúlveda Barrera, Wilson Darío Murillo, Darwin Andrés Sánchez García, Gustavo Adolfo Cardona Alzate, Carlos Llano Sánchez, Johan Esteban Rúa, José Darío Hurtado Ocampo, Erik Albero Osorio Martínez, José Miguel Londoño, Carlos Mario Ramírez Londoño, José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grajales Uribe, James Cardona Muñoz, Luis Andrés Zapata, Jhon Fredy Arias Mejía, Salvador Valle Posada, Diego Ferney Jiménez Montoya, Jair Andrés Palacio Ramírez, Luis Fabián Castaño Zuleta, Juan Manuel Castaño Zuleta, Leonardo Fabio Zapata Quitián, Alfonso de Jesús Bedoya, Sergio Yelén Rojas Cárdenas y Jesús Alfonso Flórez Vinasco.
