La propuesta del presidente Gustavo Petro de comprar las hectáreas de coca en El Plateado, Cauca, y el reciente decreto del Gobierno para legalizar los cultivos para uso medicinal han generado polémica.
“Vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Entonces al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita”, esa fue la polémica propuesta que lanzó desde el Cañón del Micay, en El Plateado, Cauca, el mismo presidente Gustavo Petro y que no cayó bien en varios sectores políticos que argumentan que esa iniciativa podría ser inconstitucional.
A eso se sumó que esta semana los ministerios de Justicia, Agricultura y Salud emitieron el borrador de decreto con el cual se busca legalizar los cultivos de hoja de coca y de amapola en Colombia para fines medicinales e industriales.
“Se tiene por objeto reglamentar el uso de plantas de amapola y coca para fines médicos, científicos de investigación e industriales por parte de entidades públicas competentes dentro de los marcos y parámetros trazados”, se lee en el borrador de decreto.
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Tras conocerse ese borrador de decreto, el senador de Cambio Radical, David Luna, advirtió que el Gobierno buscaría legalizar los cultivos para comprarlos, pese a que esta práctica podría ser inconstitucional y en contra de la ley colombiana. “A través de un proyecto de decreto el Gobierno Petro pretende legalizar todos los cultivos de coca que hay en el país y así poder comprarlos con plata pública, con la excusa de declararlos de uso científico o medicinal. Esto es a todas luces ilegal e inconstitucional”.
Para el congresista del Cambio Radical, conectan los dos hechos: la propuesta del presidente Petro de comprar las hectáreas de hoja de coca en El Plateado, Cauca, y el más reciente borrador de decreto del Gobierno Nacional para la legalización con fines medicinales e industriales.
“Con recursos públicos, con sus impuestos, buscan comprar la totalidad de esa hoja de coca, con la excusa de declararlos bienes de uso científico o medicinal. Sus recursos podrían terminar en manos del Clan del Golfo, del Eln, de las Farc. Es a todas luces inconstitucional porque solo el Congreso tiene la capacidad de destipificar una conducta que es delito”, sentenció el senador que podría ser candidato presidencial en 2026.
