De hecho, el Presidente de Colombia ha hecho hincapié en que es necesaria la aprobación de este ‘Tribunal de Cierre’ para la consecución de su proyecto de ‘Paz Total’ con los grupos armados del país.
El presidente Gustavo Petro Urrego propuso la figura de un “súper tribunal de cierre” en medio de su discurso por la conmemoración de los ocho años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Este nuevo órgano judicial, según el jefe de Estado, buscaría acoger a guerrilleros, militares, políticos, civiles y también a narcotraficantes para que se aporte a la verdad de conflicto armado.
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Además, aseguró que la creación de este tribunal es una idea que quedó implícita en el Acuerdo de Paz. “El proceso de paz dice que debe haber una sola instancia en el país. Yo le llamo un ‘tribunal de cierre’(...)Tiene que integrar a guerrilleros, militares, políticos, las terceras personas, paramilitares y todos los actores de la violencia”, aseguró el presidente Gustavo Petro en su discurso el pasado 21 de noviembre.
De hecho, el jefe de Estado ha hecho hincapié en que es necesaria la aprobación de este ‘Tribunal de Cierre’ para la consecución de su proyecto de ‘Paz Total’.
¿El tribunal superior es el mismo perdón social propuesto en campaña por el presidente Gustavo Petro?
Esta no es la primera vez que el presidente se refiere a la necesidad de incluir más actores del conflicto y acogerlos dentro de una justicia transicional. De hecho, durante su campaña, Gustavo Petro usó el concepto de ‘perdón social’ para sugerir espacios de reconciliación a cambio de beneficios judiciales.
Esta idea fue el germen de su proyecto ‘Paz Total’, en el que el Gobierno Nacional ha establecido mesas de conversaciones con grupos como el Clan del Golfo y bandas narcotraficantes como los Shotas, Espartanos y Pachencas.
Sin embargo, su nueva propuesta de ‘Tribunal de Cierre’ enfrenta varios obstáculos de orden constitucional y también en el ámbito internacional.
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Expertos aseguraron que crear un nuevo tribunal por encima de la Jurisdicción Especial para la Paz podría causar descontento y un monitoreo más exhaustivo de la Corte Penal Internacional, que ha advertido sobre la falta de cumplimiento de los compromisos que acarrea la justicia transicional.
