A tres años de la histórica Sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia, distintos sectores sociales se reúnen este 21 de febrero para reflexionar sobre los avances, retos y la importancia de proteger las libertades civiles y reproductivas en el país.
Publicado por: Redacción Nacional
El movimiento Causa Justa conmemora tres años de la despenalización del aborto hasta la semana 24, obtenida con la Sentencia C-055 de 2022, que posicionó a Colombia como un referente en derechos reproductivos en la región y el mundo. Este 21 de febrero el movimiento convoca diversos sectores sociales para defender las libertades conquistadas, creando una conversación pública para abordar la importancia de proteger los derechos humanos. Lea también: Estos políticos no creen la versión de misiles contra Petro: ‘dice mentiras’
En esta oportunidad, como parte de la conmemoración, el Movimiento Causa Justa presentó un video en el que distintas personalidades reflexionaron sobre la importancia de proteger las libertades civiles en Colombia. Dentro de las personas que participaron se encuentran Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista investigador de Dejusticia; Selena Gómez de Caribe Afirmativo; Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, y Marcela Sánchez de Colombia Diversa para hablar de la garantía de los derechos de la población LGBTIQ+; Jahira Quintero e Iván Danilo Donato, activistas por los derechos trans; Adriana Abramovits migrante y defensora de derechos humanos; Ana Bejarano, abogada especializada en la defensa de la libertad de expresión; Natural High, rapera y activista feminista también se sumó al llamado por la defensa de los derechos conquistados desde la movilización social.
En este aniversario, el Movimiento hace un llamado a promover el diálogo desde un enfoque pedagógico en las familias, escuelas, universidades y todos los espacios donde sea necesario reafirmar la autonomía reproductiva y las libertades civiles como pilares de la democracia. Garantizar los derechos humanos es clave para construir una sociedad más justa, en la que ninguna persona sea tratada como ciudadana de segunda categoría.
En paralelo, el movimiento hace un balance sobre los logros obtenidos y brinda datos sobre la implementación y el acceso a los servicios de salud. De acuerdo con cifras de la Fundación Oriéntame -organización que hace parte de Causa Justa-, tras la despenalización del aborto (22 de febrero de 2022) a julio de 2024 se han atendido 26.016 procedimientos de IVE. De los cuales solo el 0,5% fueron prestados después de la semana 22,6. Es decir que solo un pequeño porcentaje se hace bajo el modelo de causales.
Menos miedo a hablar del tema y buscar información
En cuanto al acompañamiento jurídico, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización pionera del movimiento Causa Justa, sostiene que la Sentencia y la difusión del derecho al aborto ha permitido que las mujeres acudan en mayor medida a la búsqueda de servicios legales, seguros y oportunos, evitando así los procedimientos inseguros. De hecho, las cifras de mujeres en búsqueda de información o acompañamiento legal que atendió La Mesa en los últimos años, demuestran un aumento sostenido: entre 2020 y julio de 2024, La Mesa atendió 1.423 casos de mujeres que buscaron información o acompañamiento legal en la IVE, 118 casos en 2020 (8%) , 231 casos en 2021 (16%), 256 casos en 2022 (18%), 378 casos en 2023 (26%) y 440 en 2024 (hasta julio) (31%); esto está relacionado con que las personas tienen menos temor a buscar información gracias a la despenalización y hay menor estigma. El 73% de los casos se registraron tras la sentencia. Lea también: Derechos y limitaciones de los agentes de tránsito: lo que debes saber
Cabe mencionar que, en contraste con el período previo a la Sentencia Causa Justa, el porcentaje de casos atendidos por La Mesa que han requerido de acciones administrativas o legales para acceder al servicio ha disminuido. Así, tras la expedición de la Sentencia, la mayoría de las mujeres atendidas (72%) logran acceder al servicio solo con la información brindada por la organización, mientras que previo a la despenalización era más necesario el acompañamiento legal para sortear las barreras de acceso en el 52% de los casos. En este sentido, la Sentencia ha permitido que la información sobre el acceso al aborto reemplace acciones administrativas y judiciales que desgastan el sistema, a las organizaciones y a las mujeres.
La organización también reporta que tras la sentencia, en los casos acompañados, el acceso a la IVE a través de servicios brindados por EPS pasó del 8,4% antes de la despenalización al 23,6%, después de la despenalización. Así mismo, el acceso mediante IPS aumentó del 11% al 13%, lo que se relaciona con el hecho de que los casos con mayor complejidad y barreras de acceso que atiende La Mesa sean de mujeres migrantes.
¿Qué pasó en Colombia después del 21 de febrero de 2022?
En los últimos años, la percepción sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia ha cambiado significativamente. Según la última Encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos (2024), el 48% de la población reconoce que la IVE es un derecho, un aumento de 20 puntos porcentuales en comparación con 2017. Al mismo tiempo, el rechazo ha disminuido del 46% en 2021 al 33% en 2023, mientras que la postura neutral bajó al 19%. Estas cifras reflejan un avance en la comprensión y aceptación del derecho al aborto, evidenciando una mayor legitimidad de las decisiones de las mujeres y una reducción en el estigma y la discriminación que históricamente han rodeado este tema.
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La Corte ha ratificado la decisión en más de una oportunidad: La Corte Constitucional ha reafirmado en varios pronunciamientos la vigencia de la sentencia. Entre estos fallos se encuentran los autos de nulidad 2396 y 2397 de 2023, que abordaron casos de mujeres indígenas con barreras de acceso al aborto; la Sentencia T-576 de 2023, que trató sobre violencia obstétrica en casos de aborto; y la Sentencia C-322 de 2023, que ratificó lo establecido en la C-055/2022.
Avances en el marco normativo para la garantía del derecho a la IVE: desde la despenalización del aborto en Colombia, el marco normativo se ha actualizado para garantizar su acceso seguro y oportuno. Diversas entidades han emitido regulaciones que refuerzan la prestación del servicio de IVE, la protección de los derechos de las mujeres y la no criminalización del aborto en el país.
La Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social establece directrices para la prestación de los servicios de salud integrales para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), para garantizar que sea oportuna y segura.
La Directiva 009 de 2023 de la Fiscalía General de la Nación La directiva indica que los abortos hasta la semana 24 no deben judicializarse y, después de ese tiempo, solo se revisan según las tres causales permitidas. Además, ordena cerrar casos abiertos y proteger la información, dejando claro que el aborto no debe ser criminalizado.
Circular Externa de la Superintendencia de Salud sobre IVE. La circular enfatiza en la obligación del sistema de sistema de salud para prestar el servicio en condiciones óptimas y dignas.
Los retos que persisten
A pesar de estos avances, el Movimiento Causa Justa advierte que aún existen barreras que impiden la plena garantía del derecho al aborto en Colombia. La negación del servicio en algunas instituciones de salud, la criminalización y estigmatización, la falta de formación del personal médico y los discursos de desinformación siguen limitando el acceso. Además, la implementación desigual de la normativa en distintas regiones del país genera inequidades que afectan a quienes buscan ejercer su derecho.
En particular, la criminalización del aborto sigue siendo un obstáculo significativo. Aunque la directiva 009 de 2023 de la Fiscalía General de la Nación -FGN- ordenó el cierre de los procesos abiertos por delito de aborto consentido, en 2023 se identificaron 110 casos asociados a este delito, lo paradójico es que en 2024 en lugar de disminuir, se presenta un incremento de 13%. Esto evidencia que hay un aumento en la criminalización de las mujeres a pesar del marco de legalidad que da la Sentencia C-055 de 2022. Se conoce que la mayoría de procesos abiertos se encuentran en Bogotá y Valle del Cauca. El movimiento insta a la Fiscalía para que haga un trabajo de difusión y pedagogía de la sentencia al interior de la entidad y de esta manera evitar cualquier tipo de criminalización.
