El presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad para analizar la crisis de orden público en el Catatumbo y el Cañón del Micay, donde la violencia y el desplazamiento forzado han escalado en las últimas semanas.
Publicado por: Redacción Colombia
En la noche del martes 18 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó un consejo de seguridad extraordinario con el objetivo de analizar la grave crisis de orden público que afecta las regiones del Catatumbo y el Cañón del Micay, en los departamentos de Norte de Santander y Cauca, respectivamente. Lea también: Grave hostigamiento en Toribío, Cauca: tensión y cortes de luz
El encuentro, realizado en la Casa de Nariño, contó con la participación de la secretaria general del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño; así como la cúpula militar de la Armada y el Ejército, y otros representantes de las Fuerzas Militares de Colombia.
Durante la reunión, el Gobierno Nacional evaluó la reciente escalada de violencia en ambas regiones, marcada por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, secuestros masivos y un incremento en los desplazamientos forzados. Entre las principales problemáticas discutidas, se destacaron:
El secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública, incluyendo 28 policías y un oficial del Ejército, quienes fueron retenidos ilegalmente en el corregimiento de El Plateado, Argelia, y en La Hacienda, zona rural de El Tambo, en el Cauca. La liberación de estos uniformados se logró mediante un operativo coordinado entre el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
El recrudecimiento del conflicto en el Catatumbo**, donde enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc han generado una grave crisis humanitaria. Según el último balance del Puesto de Mando Unificado (PMU), hasta el 17 de marzo, 58.052 personas han sido desplazadas en municipios como Tibú, Convención, Ocaña y Cúcuta. Además, **19.468 personas permanecen confinadas**, sin acceso a derechos básicos como salud, educación y alimentación.
El aumento de homicidios y ataques a líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. En lo que va del año, el informe del PMU reporta 86 asesinatos en la región, entre los cuales se encuentran líderes comunitarios y menores de edad, lo que evidencia el alto nivel de riesgo al que están expuestas las poblaciones vulnerables.
Al finalizar la agenda de este martes, 18 de marzo, la secretaria general de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez, acompañó al Presidente @petrogustavo a un Consejo de Paz y Seguridad para abordar la situación en el Catatumbo y el Cañón del Micay. pic.twitter.com/zbtialLUuJ
— DAPRE (@DapreCol) March 19, 2025
¿Qué se decidió por crisis de seguridad en el Catatumbo?
Como resultado del consejo de seguridad, el Gobierno Nacional anunció una serie de medidas para contener la crisis y restablecer el orden público en estas zonas del país:
1. Refuerzo militar y estratégico: Se ordenó el despliegue de nuevas unidades de la Fuerza Pública en el Catatumbo y el Cañón del Micay, con el objetivo de garantizar la protección de la población y enfrentar la amenaza de los grupos armados ilegales. Además, el Ejército ha instalado infraestructura de seguridad, como un puente militar y autos blindados en zonas estratégicas.
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2. Atención a víctimas y desplazados: Se fortalecerá la asistencia humanitaria a los desplazados y confinados mediante la articulación entre el Gobierno Nacional y organismos internacionales, con el fin de garantizar refugios temporales, seguridad alimentaria y atención médica para las comunidades afectadas.
3. Estrategia de diálogo y paz total: Se explorarán nuevas estrategias para reducir la violencia en estas regiones en el marco de la política de Paz Total promovida por el presidente Petro, incluyendo acercamientos con los actores del conflicto para evaluar posibles escenarios de negociación.
4. Monitoreo y presencia institucional: Se reforzará la presencia del Estado en el territorio mediante el envío de delegaciones de alto nivel, con el propósito de hacer seguimiento a la crisis y evaluar la implementación de las medidas adoptadas.
El Gobierno Nacional se comprometió a mantener un monitoreo constante de la situación y anunció que en los próximos días se dará a conocer un informe detallado sobre los avances en la ejecución de estas decisiones. Mientras tanto, la comunidad internacional y organismos de derechos humanos continúan atentos a la evolución del conflicto y la respuesta del Estado ante esta crisis humanitaria.
