Mientras la crisis humanitaria en el Catatumbo se agrava el Gobierno aún no ejecuta acciones concretas para mitigar la emergencia.
Después de dos meses de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33, la situación en la región del Catatumbo, Norte de Santander, sigue siendo crítica. Hasta el momento, los enfrentamientos han dejado un saldo de 86 personas fallecidas y cerca de 57.000 desplazados, generando una grave crisis humanitaria.
Las autoridades locales han manifestado su preocupación por la falta de apoyo del Gobierno Nacional, a pesar de la declaratoria de conmoción interior para la zona. Los alcaldes de los 11 municipios que conforman el Catatumbo han señalado que, hasta la fecha, los recursos prometidos por el Ejecutivo no han sido desembolsados, lo que ha dificultado la atención de las comunidades afectadas. Lea aquí: Senadora del Pacto Histórico, implicada en escándalo de contratos de la Ungrd
El alcalde de Hacarí, Robeiro Muñoz, expresó su inconformidad ante la falta de ejecución de los proyectos contemplados para mitigar la crisis: “No hemos visto proyectos que estén avanzando en estos momentos en estas dos situaciones que se han decretado: Pacto de Catatumbo y conmoción interior no hemos visto una claridad en cuanto a su ejecución”.
Expertos afirman que el Gobierno tiene abandonado El Catatumbo
Expertos en seguridad han atribuido la crisis a la histórica ausencia del Estado en la región. Henry Cancelado, académico de la Universidad Javeriana, advierte que “es un problema recurrente. El Estado entra de manera tímida con propuestas que se desmoronan fácilmente”.
Además, resalta que la falta de control estatal ha permitido el fortalecimiento de economías ilegales: “Hay recursos, pero provienen de economías ilegales... lo que falta es presencia real del Estado”. Le puede interesar: Petro sobre guardianes de la seguridad: “es el inicio del paramilitarismo
La crisis en el Catatumbo refleja una problemática que también afecta a otras regiones del país, como Putumayo y Nariño, donde el abandono estatal ha facilitado el dominio de grupos armados. Según Cancelado, la única solución viable sería la cooperación internacional: “El Estado está desbordado. Siempre envían tropas, pero no hay soluciones de fondo”.
Procuraduría pidió a la Corte avalar conmoción interior en Catatumbo
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional declarar exequible el decreto mediante el cual el Gobierno estableció el estado de conmoción interior en el Catatumbo, la región metropolitana de Cúcuta y dos municipios del Cesar.
El organismo sostuvo en su concepto enviado al alto tribunal que la medida se ajusta a la Constitución y es necesaria ante el agravamiento de la violencia en la zona por parte de grupos armados ilegales.
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En un documento de 32 páginas firmado por el procurador general, Gregorio Eljach, la entidad argumentó que el estado de excepción permite atender la crisis humanitaria en la región, marcada por ataques a la población civil y vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario.
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Además, señaló que las medidas implementadas cumplen con un “test leve de proporcionalidad”, pues buscan restablecer el orden público y garantizar la estabilidad institucional y la seguridad del Estado.
El documento enfatizó que la Corte debe “declarar la exequibilidad del decreto legislativo 062 de 2025″, en el cual el presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior debido a la grave situación en el Catatumbo.
La petición de la Procuraduría llegó al despacho de la vicepresidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, quien estudia la legalidad del decreto.
Más de 91.000 personas afectadas en el Catatumbo por la violencia de grupos armados
La violencia ejercida por grupos armados en la región del Catatumbo, ha dejado al menos a 91.000 personas afectadas, según el último informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), que ha denunciado que estos enfrentamientos generan “desplazamientos masivos”.
Según los datos vertidos por la organización, de las más de 91.000 personas afectadas, más de 50.000 han sido desplazadas hacia los cascos urbanos de Cúcuta, Tibú y Ocaña, buscando refugio en centros de acogida temporales, hoteles y comunidades de acogida.
Además, al menos 27.381 personas sufren restricciones de movilidad debido a los enfrentamientos armados. El informe señala que “se ha exacerbado el riesgo particular para defensores de derechos humanos, firmantes de paz, líderes sociales y comunitarios, quienes son objeto de violencia por parte de los grupos armados no estatales”, según ha comunicado la OCHA.
Más de 50.000 personas se han visto forzadas a desplazarse por la violencia en la subregión. La asignación de 3,8 millones de dólares del @UNCERF permitirá brindar asistencia vital a las personas afectadas en el Catatumbo, atendiendo las necesidades más urgentes. 🧵 pic.twitter.com/g1bNeUXWCo
— OCHA COLOMBIA (@OCHACOLOMBIA) February 7, 2025
