El Ministerio de Justicia anunció que presentará la versión final del proyecto este domingo 20 de julio ante el Congreso.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Durante la más reciente sesión del Consejo Superior de Política Criminal, la presidenta de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Myriam Ávila Roldán, emitió este viernes un voto desfavorable frente al borrador del proyecto de ley promovido por el Ministerio de Justicia.
El proyecto busca establecer un tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos armados ilegales, así como reglas de colaboración eficaz para estructuras criminales de alto impacto, sus financiadores y colaboradores, todo ello en el marco de la política de Paz Total.
La magistrada Ávila Roldán asistió al encuentro en representación de la Corte Suprema y explicó las razones por las que, a juicio del alto tribunal, la propuesta aún no resulta viable.
En primer lugar, señaló que el contenido del borrador no ha sido suficientemente discutido dentro del Consejo Superior de Política Criminal. A su juicio, “se trata de un tema muy delicado para el país que necesita mayores consensos y un análisis más reposado dado los impactos que puede tener en términos de política criminal”. Lea también: Álvaro Uribe insiste en su inocencia antes del fallo judicial: esto dijo
Uno de los principales cuestionamientos radica en la falta de una justificación técnica y clara sobre los retos operacionales y el impacto fiscal que implicaría la implementación de las medidas contempladas. Pese a que se plantean funciones relevantes para la Fiscalía General de la Nación y los jueces penales del país.
“El articulado no es suficientemente claro en relación con los recursos y la metodología de implementación para atender las necesidades que acarrea la propuesta. La exposición de motivos no da cuenta de diálogos previos o acercamientos con la judicatura para discutir las posibilidades materiales y los retos administrativos que surgirían de implementarse el articulado”.
Para el alto tribunal, este vacío impide una evaluación realista de la capacidad institucional que se requeriría.
Aunque reconoció que la Ley 2272 de 2022 establece los lineamientos generales de la política de Paz Total como una política de Estado, la magistrada señaló que la propuesta actual no explica con claridad porqué los modelos normativos vigentes serían insuficientes para alcanzar los fines de paz que plantea el Gobierno. Tampoco se justifica de manera suficiente porqué se considera necesario construir un nuevo esquema normativo. Le puede interesar: Reactivan órdenes de captura contra disidentes de la Segunda Marquetalia: esta es la razón
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“La inconveniencia de combinar, en una iniciativa que construye un modelo de justicia transicional, asuntos propios de la justicia ordinaria, y adicionalmente, temas de seguridad ciudadana como el procesamiento de personas judicializadas por conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o en el ejercicio del derecho a la protesta social”.
El Ministerio de Justicia prevé presentar la versión final del proyecto de ley ante el Congreso mañana, domingo 20 de julio.
