En entrevista con El Colombiano, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Lenis habló delas demoras en los fallos de la JEP y de su propuesta de aumentar la edad de pensión de las mujeres.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), uno de los más graves del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, sigue bajo investigación. La complejidad del entramado, en el que hay más de 30 personas implicadas, obligó a los investigadores a desarrollar nuevas habilidades para comprender su funcionamiento. Aunque ya hay personas en juicio y resoluciones de acusación, todavía podrían surgir nuevas líneas de investigación y otros nombres.
En entrevista con El Colombiano, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, se refirió a los avances del caso, explicó por qué los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle quedaron en libertad sin que sus procesos hayan terminado y respondió a los cuestionamientos sobre la duración de las investigaciones por corrupción.
El magistrado también habló de las demoras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la relación de la Corte con el Gobierno, la situación presupuestal de la justicia y la polémica por la edad de pensión de las mujeres. Además, expuso su preocupación por el impacto de la corrupción en el funcionamiento del Estado y en el cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución de 1991.
El caso Ungrd, la libertad de Iván Name y Andrés Calle y los retos de la justicia
La Corte Suprema de Justicia es el tribunal que toma decisiones determinantes para el país. A sus despachos llegan procesos penales que no tienen otra instancia de decisión y actuaciones contra políticos investigados por presuntos hechos de corrupción.
Aunque la corporación debe mantener su independencia frente al Gobierno de turno, su presidente reconoce que durante la administración de Gustavo Petro no hubo una relación armónica entre ambos poderes.
Usted ha sido presidente de la Corte Suprema durante dos gobiernos y estuvo en la transición. ¿Cómo están las relaciones con el nuevo Gobierno?
“En este Gobierno ha habido intención de tener una buena relación armónica y de nuestra parte también. En las primeras reuniones con el presidente de la República dejamos claro que debe haber un diálogo respetuoso y que, si tenemos diferencias, tratemos de solucionarlas con argumentos.
En el ambiente se siente el cambio, de pronto un poco más tranquilo. Es cierto que en el anterior Gobierno no hubo esa colaboración armónica. Nosotros también trabajamos para lograrla, pero no fluyó como esperábamos. Esa falta de relación armónica puede generar cierta presión sobre el trabajo de la Corte Suprema”.
Publicidad
¿Qué han encontrado en la investigación del caso de la Ungrd?
“Nosotros encontramos un caso de un entramado de una complejidad impresionante, con más de 30 personas implicadas y diversas modalidades súper sofisticadas. La Fiscalía ha hecho un trabajo muy importante para desentrañar todo eso.
También la Sala Especial de Instrucción ha trabajado, porque investiga la participación de personas aforadas. Gracias a esas labores se ha logrado avanzar y hoy algunas de esas personas están en juicio”.
¿No conocían ese nivel de corrupción?
“No, era otro nivel de corrupción, impresionante. Fue necesario desarrollar otras habilidades para comprender cómo funcionaba ese entramado. Eso tomó tiempo, pero hoy estamos viendo que ese tiempo que se tomaron para comprender la complejidad está dando resultados.
Ya hay personas en juicio y resoluciones de acusación. La Fiscalía ha presentado acusaciones ante los jueces y, en el caso de los aforados, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte”.
¿Todavía faltan personas por aparecer en esa investigación?
“La investigación ha venido avanzando con las personas que el desarrollo de las pesquisas ha mostrado. Pero, por supuesto, pudieran aparecer otros matices y otras líneas de investigación”.
¿Por qué dejaron en libertad a los excongresistas Andrés Calle e Iván Name si sus procesos siguen abiertos?
“Nuestro sistema penal es liberal y garantista. Hay un concepto que es el de tiempo razonable: si una persona está privada de la libertad y en ese plazo no se adelanta una actuación, queda en libertad. Eso fue lo que pasó con estos congresistas, no se logró tomar una decisión en un tiempo razonable.
Publicidad
Esto no significa que el proceso haya terminado ni que hayan sido absueltos. Van a afrontar el proceso en libertad y, cuando concluya, sabremos cuál es la decisión que corresponde. Si no se toma una decisión dentro del plazo establecido, que la persona quede en libertad es una garantía judicial. Eso no significa que el proceso haya terminado”.
¿Con tantas pruebas que hay, por qué no vinculan a quienes siguen a la sombra antes de que escapen?
“A veces no se comprende que investigar y juzgar toma tiempo, especialmente en casos de corrupción, donde hay entramados complejos que requieren entender los hechos, validar hipótesis y confrontarlas con las pruebas”.
La JEP ha recibido críticas por su presupuesto y por sus resultados. ¿Cómo analiza la Corte Suprema esa situación?
“En el caso de la JEP hay ciertas críticas que está bien revisar. Algunas creo que son válidas. Sin embargo, hemos insistido en que la JEP es un compromiso de Estado, está en la Constitución y debe cumplir su periodo.
Deseamos que en el tiempo que falta pueda consolidar su trabajo, mostrar sus resultados y cumplir los objetivos para los cuales fue creada”.
Publicidad
¿A qué críticas deberían prestar atención?
“Al abordar los macrocasos, estos se fueron extendiendo, ampliando e investigando mucho más, lo que hace difícil cerrarlos. La gente quiere que se vayan cerrando y que se avance en lo demás, porque las tareas investigativas no pueden durar indefinidamente en el tiempo”.
¿Qué pasaría si se elimina anticipadamente la JEP, teniendo en cuenta el compromiso adquirido por el Estado y su reconocimiento internacional?
“Por eso hemos dicho que la JEP debe cumplir su periodo y ese compromiso de Estado. Ojalá aproveche el tiempo que falta para consolidar su trabajo. Deben cerrar los macrocasos este año, mostrar qué tenemos y seguir avanzando en las otras actividades que les corresponden. Deben aprovechar el tiempo para cerrar actividades y mostrar los resultados que el país quiere”.
¿Cómo afecta la situación fiscal del país al presupuesto de la justicia?
“La situación fiscal del país es difícil y se agravó por el terremoto, porque ahora hay que destinar recursos para recuperar las zonas afectadas. Todas las entidades del Estado van a tener que sufrir recortes.
De nuestra parte, hemos insistido en que se garanticen los gastos mínimos de funcionamiento en todas las jurisdicciones, incluida la JEP, para mantener la capacidad de atención y evitar que se afecte el acceso a la justicia”.
Publicidad
La gente se queja porque se demora mucho en decidirse un proceso. ¿Qué está pasando?
“Tenemos una alta conflictividad social y una alta litigiosidad que nos está desbordando a los jueces. Aunque hemos avanzado en la modernización y la justicia digital, muchas causas que podrían resolverse mediante conciliación o mediación terminan en los despachos judiciales.
Si reducimos los recursos para mantener la capacidad instalada, algunos jueces podrían quedar por fuera y las demoras serían mayores”.
Desde la Corte Suprema, que conoce la realidad del país a través de los procesos judiciales, ¿cuál considera que es uno de los problemas más graves que enfrenta Colombia?
“El país tiene muchos problemas, pero creo que hay uno importante desde el papel de la justicia. La Constitución de 1991 fue un cambio formidable para el país y estableció transformaciones muy importantes para toda la población.
Hemos avanzado en muchos frentes de ese modelo de país que se pensó en 1991, pero no al ritmo esperado. Creo que la corrupción ha producido un estancamiento del Estado y de la materialización de ese Estado social de derecho.
Sería muy importante contrarrestar mejor la corrupción para que el Estado siga avanzando, pueda cumplir sus fines y materialice los compromisos y los ideales de la Constitución de 1991. Así podríamos avanzar en igualdad y equidad, en esos principios del Estado social de derecho”.
Es decir, más allá de temas como la salud y la educación, ¿la corrupción es el principal de todos esos males?
“No quiero establecer un rango. Simplemente quiero llamar la atención sobre el hecho de que la corrupción es un problema que debe abordarse, pero es uno entre muchos otros que también se deben atender.
Como juez, deseo que el Estado social de derecho avance, se materialice y pueda cumplir sus promesas. No quiero decir que el único problema sea la corrupción, pero veo que el Estado se ha estancado un poco en la materialización de esos principios, que son esenciales para la convivencia pacífica y para que el Estado sea más igualitario”.
¿Qué sensaciones deja en la Corte Suprema la condena al exmagistrado Leonidas Bustos y la orden de captura contra Camilo Tarquino?
“Es un momento doloroso porque nos recuerda que personas que estuvieron en la magistratura defraudaron a la ciudadanía, afectaron la confianza ciudadana y deshonraron la dignidad que se les concedió cuando fueron nombradas magistrados.
Pero, a su vez, es un momento importante porque demuestra que la justicia respondió. Para mí, eso es lo más importante. Cuando se conocieron estos hechos, la Corte Suprema reformó su reglamento para poder separar a esas personas y que afrontaran el proceso sin ser magistrados.
Ya sabemos los resultados. La justicia respondió y demostró que no hay solidaridad corporativa y que a quienes la defraudan se les aplica la sanción con severidad”.
Pero Bustos sigue fugado. ¿Qué puede hacer la Corte Suprema?
“Sí, pero la Corte solicitó la extradición de Leonidas Bustos, quien está en Canadá. Vamos a iniciar el trámite para solicitarla. Entiendo que con Canadá no hay un tratado de extradición, pero existen mecanismos, como el principio de reciprocidad.
La Sala Penal ha autorizado extradiciones a Canadá de personas involucradas en delitos, pese a que no hay tratado. Podría hacerse bajo esa misma idea de reciprocidad”.
¿Estos casos les generan vergüenza a los magistrados?
“No nos da vergüenza. Al final, es dolorosa la situación que pasó, pero no nos da vergüenza porque nosotros respondimos y pudimos sancionar a quienes defraudaron la magistratura.
Acuérdese de que todos ellos fueron expresidentes de la Corte. Insisto en que son dos sentencias ejemplares que demuestran que la justicia respondió y sancionó a quienes deshonraron la magistratura”.
Hace unos días, el presidente anunció a Cristina Lombana como integrante de su gabinete. Hasta hace unas semanas, ella era magistrada de la Corte Suprema. ¿Es normal que alguien pase de la Corte al Gobierno?
“El presidente de la República es autónomo para nombrar a las personas que lo acompañan durante su mandato, como ocurrió con la doctora Lombana. No tengo nada que agregar”.
Su comentario sobre igualar la edad de pensión de las mujeres generó polémica. ¿Por qué lo planteó?
“Creo que al principio hubo desinformación. Es un asunto técnico y sensible, que no todo el mundo tiene que conocer. Con el paso de los días y el apoyo de la academia, que respalda la idea, se fue aclarando. No era una propuesta para desproteger a las mujeres, sino todo lo contrario: para protegerlas mejor.
Tradicionalmente, esa protección se ha dado mediante una menor edad para jubilarse. Eso está bien y nadie tiene objeciones. Sin embargo, hoy tenemos evidencia e investigaciones que demuestran que ese mecanismo termina siendo lesivo para las mujeres, especialmente en los regímenes de ahorro individual, porque genera inequidad en el valor de las pensiones”.
¿Cómo se puede corregir esa inequidad?
“Las mujeres tienen que esforzarse mucho más para obtener una pensión del mismo valor que la de un hombre en igualdad de condiciones, precisamente por salir antes. Eso es una inequidad del sistema.
Hoy tenemos mecanismos más eficientes que no generan ese efecto negativo. Por ejemplo, reconocer el trabajo de cuidado mediante la reducción del número de semanas cotizadas es más eficiente. En la reforma anterior se dio un primer paso: cincuenta semanas menos por cada hijo, hasta tres. Ese mecanismo no genera un efecto negativo en el valor de la pensión.
La idea es seguir mejorando esos beneficios y hacer otros ajustes para que las mujeres tengan una verdadera protección y se reconozca su trabajo de cuidado sin afectar el valor de su pensión. Se trata de cambiar el mecanismo, pero nunca de desproteger a la mujer, sino de protegerla mejor”.
¿Lo volvería a proponer?
“Sí. Muchas universidades me escribieron y me propusieron hacer un foro para seguir explicando el tema, porque es técnico. Me sorprendió recibir correos de mujeres investigadoras que me compartieron sus trabajos y que coinciden con esa línea.
Esto no es un argumento propio: vengo del mundo académico, lo he investigado y hay respaldo en la academia”.
Tomado y editado con información de El Colombiano.
