Senadores entregaron reportes con información falsa. En las irregularidades estaría involucrada Laura Sarabia, Guillermo Jaramillo y Ricardo Roa.
Publicado por: Redacción Nacional
La Corte Suprema de Justicia dejó al descubierto serias irregularidades en los informes financieros de la campaña al Senado del Pacto Histórico en 2022. Aunque la Sala de Instrucción decidió no abrir investigación formal contra los 20 congresistas de esa colectividad, sí reveló que los reportes entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE) contenían información falsa, lo que plantea nuevos cuestionamientos sobre la financiación electoral de ese movimiento.
En un documento de 237 páginas, la Sala concluyó que el informe consolidado de ingresos y gastos presentado por los candidatos al Senado en marzo de 2022 estaba lleno de datos que no correspondían a la realidad. Dicho informe fue registrado en la plataforma Cuentas Claras, sistema oficial del CNE, pero —según la Corte— incluía contratos y montos que no reflejaban los gastos reales. Entérese: Tribunal Superior de Bogotá ordena habilitar candidatos del Pacto Histórico en consulta presidencial
La decisión fue inhibitoria porque los magistrados consideraron que los senadores firmaron los reportes confiando en la información suministrada por la gerencia de campaña, sin conocer las inconsistencias. Por tanto, su responsabilidad fue calificada como culposa, y los delitos imputables en este caso no contemplan esa modalidad.
El contrato que destapó el escándalo
El punto más llamativo de la investigación es un contrato de transporte aéreo por más de 1.200 millones de pesos, suscrito por Guillermo Alfonso Jaramillo —actual ministro de Salud— como gerente de la campaña al Senado. Dicho convenio con la empresa Sociedad de Transporte de Ibagué fue cargado como gasto de los candidatos, pero en realidad, según la Corte, no fue utilizado por ellos.
Los congresistas reportaron ese contrato en fracciones de 60 millones de pesos cada uno, pese a que organizaron sus desplazamientos aéreos de otras maneras. La Sala estableció que esos vuelos beneficiaron directamente a la campaña presidencial de Gustavo Petro y no a la lista legislativa. Lea además: Petro reprochó al Pacto Histórico por voto secreto en elección de magistrado: perdió en la Corte Constitucional
El tribunal expuso que el contrato de vuelos fue incluido en las cuentas del Senado para evitar que esos recursos aparecieran en los reportes de la campaña presidencial, donde se habrían superado los topes legales. Así, la operación permitió desplazar más de 60 horas de vuelo hacia otra contabilidad.
Lo más comprometedor es que los registros de esos vuelos fueron gestionados por Laura Sarabia, quien en ese entonces coordinaba la agenda del precandidato Petro en la consulta interna, lo que refuerza la tesis de que se trataba de logística exclusiva para la campaña presidencial.
Otro hallazgo clave fue la manipulación de facturas: inicialmente aparecían a nombre de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña presidencial. Sin embargo, después fueron reemplazadas para figurar bajo la responsabilidad de Guillermo Alfonso Jaramillo, en su rol de gerente de la campaña al Senado. Le sugerimos leer: Ponencia del CNE aprueba fusión del Pacto, pero sin la Colombia Humana
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Con este cambio se buscaba, según la Corte, ocultar los pasajeros reales y el itinerario de los vuelos. La mayoría de quienes usaron los desplazamientos aéreos eran familiares, asesores de confianza, personal de seguridad y colaboradores cercanos de Petro en las etapas previas a su elección.
El efecto en la reposición de votos
La presentación de un informe con datos falsos tuvo además una consecuencia económica. Según la investigación, el CNE pudo haber sido inducido en error al momento de reconocer la reposición de gastos por los votos obtenidos por el Pacto Histórico al Senado. Esto significó que el movimiento recibió más recursos de los que le correspondían.
La Corte dejó en claro que el contrato infló artificialmente los reportes, lo que generó un pago mayor de reposición. Sin embargo, como los congresistas firmaron sin conocer esas irregularidades, el alto tribunal determinó que no podían ser procesados penalmente. Puede leer: ¿Intervención política? El trino de Petro que generó críticas en el Congreso
El documento hace una distinción entre los senadores electos y quienes tenían la obligación de manejar los recursos. En este caso, la carga de responsabilidad recaería sobre Guillermo Alfonso Jaramillo y, en paralelo, sobre Ricardo Roa, ambos figuras de alto perfil en el Gobierno actual.
La Sala recordó que los parlamentarios “firmaron confiando en la rectitud de los reportes” y no tenían control directo sobre la contratación de vuelos.
