La cartera aseguró que la intervención del 10 de noviembre fue planeada y ejecutada bajo estrictos protocolos del DIH, e insistió en que se tomaron todas las precauciones para proteger a la población civil.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Ministerio de Defensa reiteró que la intervención realizada el pasado 10 de noviembre se desarrolló bajo parámetros estrictos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), aunque evitó profundizar de inmediato en los detalles más sensibles. La institución sostuvo que, desde la fase de planeación, las tropas actuaron bajo criterios de precaución y proporcionalidad para minimizar riesgos a la población civil.
Operación con énfasis en protección y precaución
Según la cartera, la acción de la Fuerza Pública estuvo dirigida contra una estructura responsable de ataques continuos en distintos territorios del país. Como resultado, 20 integrantes del grupo armado murieron durante los combates, mientras que Medicina Legal confirmó posteriormente que entre ellos se encontraban siete adolescentes reclutados y usados como combatientes ilegales.
Las autoridades señalaron que, durante la inserción de las tropas, fueron recuperados con vida otros tres menores que también integraban la organización. Asimismo, se prestaron primeros auxilios a una persona herida y se evacuó a dos individuos que permanecían sometidos dentro de la estructura criminal, en cumplimiento del principio de humanidad.
Como Ministro de Defensa Nacional reitero nuestro firme y absoluto compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como de toda la población civil.
— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 16, 2025
El 10 de noviembre, nuestra Fuerza Pública desarrolló una operación legítima contra la estructura criminal del… https://t.co/YEMYH9toAs
Evaluación de riesgos y justificación operativa
Defensa enfatizó que la operación fue sometida a una preparación meticulosa, con el fin de reducir cualquier riesgo a personas protegidas por el DIH. Para ello, se evaluaron los métodos, medios y capacidades disponibles frente a lo que calificaron como una amenaza grave e inminente compuesta por más de un centenar de individuos armados.
El Ministerio insistió en que cada decisión tomada en el terreno respondió a la obligación de salvaguardar a la población civil, incluidos los menores reclutados de manera forzada. Además, afirmó que la actuación de la Fuerza Pública se ajustó tanto al marco jurídico nacional como a los estándares internacionales aplicables en escenarios de conflicto.
Compromiso frente al reclutamiento forzado
La entidad también reiteró su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y con el fortalecimiento de las estrategias para combatir el reclutamiento forzado, al que considera una de las vulneraciones más graves cometidas por los grupos armados ilegales. Según el Ministerio, la operación del 10 de noviembre constituye un ejemplo de intervención planeada y ejecutada bajo estrictos protocolos del DIH, con acciones orientadas a preservar la vida de quienes se encontraban en condición de mayor vulnerabilidad.
