La Fiscalía expuso nuevos detalles sobre el entramado de presión y favorecimientos en la contratación del Atlántico.
Publicado por: Redacción Vanguardia
En una diligencia judicial que despertó amplia atención pública en Barranquilla, la Fiscalía avanzó este martes en la exposición de varios elementos que, a su juicio, deben ser tenidos en cuenta por el juez del caso antes de tomar una decisión sobre la situación jurídica del exdiputado Nicolás Petro Burgos. La audiencia, que se desarrolla ante un juzgado de control de garantías en Barranquilla y en medio de la diligencia, La Fiscalía pidió que Nicolás Petro sea enviado a la cárcel.
Señalamientos sobre la contratación en Atlántico
Durante la intervención, la fiscal del caso, Lucy Laborde, sostuvo que desde 2021 el hijo mayor del presidente Gustavo Petro habría intervenido de manera irregular en procesos contractuales adelantados entre la Fundación Consciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico, entonces liderada por la exmandataria Elsa Noguera. Según la funcionaria, esa presunta intervención habría tenido alcance suficiente para vulnerar la selección objetiva y propiciar beneficios a terceros.
La Fiscalía solicitó cárcel para Nicolás Petro Burgos, por considerar que este habría actuado para favorecer la entrega de al menos dos contratos entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico, para posteriormente recibir recursos para solventar asuntos… pic.twitter.com/GXN1wRf4uv
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 2, 2025
La representante del ente acusador también indicó que, en ese periodo, el exdiputado habría contado con la colaboración de varias personas de su círculo cercano, entre ellas su entonces pareja sentimental, Day Vásquez; el exsecretario general del departamento, Raúl Lacouture; Pedro Name y Gustavo de la Ossa, este último representante legal de la fundación involucrada en los hechos. La Fiscalía afirma que todos ellos habrían cumplido roles específicos dentro de lo que describe como una estructura diseñada para influir en la adjudicación del contrato dirigido a la atención de adultos mayores en el Atlántico.
Relaciones y presunto favorecimiento
En la reconstrucción de la Fiscalía, Petro habría delegado en Vásquez la gestión de contactos, acercamientos y ajustes contractuales necesarios para que Fucoso resultara favorecida. Sobre este punto, Laborde aseguró que existían órdenes directas y conocimiento previo por parte del exdiputado, lo que —según su intervención— demostraba un interés concreto en el desarrollo del proceso contractual.
La funcionaria agregó que la supuesta influencia de Vásquez se habría facilitado por la relación jerárquica que mantenía el entonces secretario de Gobierno con la Gobernación, lo que, a su criterio, habría generado un escenario propicio para que las presiones surtieran efecto. En ese marco, señaló que se trataba de una “actividad ilícita en cadena”, en la que, de acuerdo con la investigación, distintos actores habrían obtenido beneficios recíprocos.
Además de este expediente, Nicolás Petro enfrenta otro proceso que está próximo a pasar a juicio oral por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo que incrementa la expectativa sobre las decisiones judiciales que se adopten en las próximas semanas. Por ahora, el juzgado deberá evaluar los argumentos de la Fiscalía antes de determinar si el exdiputado deberá continuar el proceso privado de su libertad.
