la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos a Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Publicado por: Redacción Vanguardia
Un nuevo capítulo judicial se abre alrededor de las responsabilidades institucionales que rodearon la seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en un atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá. Aunque la investigación penal por el crimen avanza con capturas y sanciones, las actuaciones previas al ataque empiezan a ser objeto de un escrutinio formal por parte de la justicia, en medio de un debate público que no ha cesado desde el magnicidio.
En ese contexto, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros. La petición fue elevada ante un juez de control de garantías y se fundamenta en una presunta conducta de prevaricato por omisión, al considerar que no se habrían atendido de manera oportuna los requerimientos para reforzar y mejorar el esquema de seguridad del entonces senador y aspirante presidencial.
Solicitud de imputación por presunta omisión
De acuerdo con la Fiscalía, las decisiones adoptadas por la UNP antes del atentado son materia de análisis, pues existirían advertencias previas sobre los riesgos que enfrentaba el dirigente político del Centro Democrático. El ente investigador sostiene que la conducta atribuida al funcionario estaría relacionada con un eventual incumplimiento de sus deberes legales, al no responder con la diligencia necesaria a los llamados de alerta.
Tras el asesinato, la actuación de la Unidad Nacional de Protección quedó en el centro del debate público y judicial, debido a su responsabilidad en el diseño, asignación y supervisión de esquemas de seguridad para personas en situación de riesgo, entre ellas líderes políticos. Las circunstancias que rodearon el ataque llevaron a cuestionamientos sobre la suficiencia, planeación y funcionamiento del dispositivo de protección que acompañaba a Miguel Uribe Turbay.
La noticia de hoy en la que la Fiscalía le imputará cargos al director de la UNP, el ex guerrillero del M-19, Augusto Rodríguez, evidencia lo que he venido repitiendo desde el atentado y muerte de mi hijo Miguel.
— Miguel Uribe (@migueluribel) January 19, 2026
La UNP no atendió las más de 20 solicitudes para que le dieran la… pic.twitter.com/OYKgKboHIU
Avances judiciales tras el magnicidio político
En los días posteriores al crimen, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a posibles fallas en la protección del entorno familiar del precandidato. “Sé que el hijo de Miguel Uribe tenía seguimientos desde el colegio. Todo esto es muy difícil, pero tenemos que tener la cabeza fría”, manifestó el mandatario, al advertir que, según su versión, existían alertas previas que no habrían sido atendidas con la contundencia requerida.
A estas preocupaciones se sumaron las explicaciones oficiales sobre la conformación del esquema de seguridad. Luego del atentado, las autoridades confirmaron que uno de los escoltas asignados por la UNP no se encontraba en servicio el día de los hechos, una situación reconocida públicamente y que incrementó los cuestionamientos sobre la cobertura real del dispositivo y los protocolos de reemplazo.
Mientras se definen las eventuales responsabilidades administrativas y penales por la seguridad del precandidato, la Fiscalía General de la Nación continúa impulsando el proceso penal contra los autores materiales e intelectuales del ataque. A siete meses del crimen, el ente acusador ha logrado avanzar mediante varios preacuerdos con presuntos implicados, con el objetivo de esclarecer la cadena de mando y establecer quiénes ordenaron y financiaron el atentado.
Dentro de ese proceso judicial se concretó la sanción del menor conocido como alias “Tianz”, señalado de accionar el arma contra el senador, así como la captura de alias “Chipi”, identificado como una de las piezas clave en la coordinación del plan criminal. Las autoridades aseguran que las investigaciones siguen abiertas para ubicar a otros posibles responsables y fortalecer el acervo probatorio que permita cerrar el caso con condenas efectivas.
