Un nuevo proyecto de ley del Gobierno podría transformar el futuro de las plataformas digitales de transporte en Colombia.
Publicado por: Danilo Cárdenas
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, radicó ante el Congreso el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa que busca endurecer el régimen sancionatorio contra el transporte informal e ilegal en todo el país.
La iniciativa responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de proteger a los usuarios, fortalecer el transporte formal y combatir prácticas que operan por fuera de la ley, especialmente aquellas que se realizan mediante vehículos particulares intermediados por plataformas digitales.
El proyecto, presentado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, establece que el transporte informal se configura cuando el servicio se presta “desbordando o excediendo los términos de la autorización conferida por la autoridad competente”, mientras que el transporte ilegal es aquel que se realiza “en vehículos particulares sin el cumplimiento de los requisitos legales y sin autorización”, lo que incluye servicios ofrecidos a través de aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, InDriver y Yango.
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Plataformas digitales y transporte informal: las principales afectaciones
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es su impacto directo sobre las plataformas digitales de movilidad, que, en la práctica, quedarían catalogadas como ilegales si operan con vehículos particulares. Desde el gremio Alianza In, que agrupa a varias de estas plataformas, se advirtió que la iniciativa podría derivar en la prohibición total del servicio en Colombia.
“Este es un proyecto cuya consecuencia práctica es la prohibición absoluta de las plataformas de movilidad y de las libertades y derechos que estas representan”, afirmó José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia.
El gremio alertó que la norma permitiría suspender operaciones de manera inmediata, imponer multas de hasta 4,7 millones de pesos por cada viaje y sanciones que podrían superar los 2.100 millones de pesos.
Además, el proyecto amplía la responsabilidad sancionatoria a propietarios de vehículos, administradores de conjuntos residenciales y centros comerciales, lo que, según Alianza In, haría inviable la prestación del servicio y afectaría tanto a conductores como a usuarios.
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Uber, por su parte, aseguró que la propuesta “confunde la innovación con amenaza” y advirtió sobre el impacto para millones de personas que usan estas aplicaciones como alternativa de movilidad o fuente de ingresos.
Inmovilización severa y multas a propietarios: el punto más controvertido
El articulado contempla una inmovilización progresiva y severa de los vehículos que sean sorprendidos prestando servicios ilegales. Según el texto radicado en el Congreso, “el vehículo será inmovilizado la primera vez por 60 días, la segunda por 90 días y en las siguientes ocasiones por 120 días”, una medida que los gremios califican como desproporcionada.
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A esto se suma el Artículo 88, que sanciona a quienes “directa o indirectamente permitan, promuevan o consientan la oferta, estacionamiento o prestación de servicios de transporte informales o ilegales en los bienes de su propiedad”, con multas que pueden ir desde 1.000 hasta 60.000 UVB. También se ordena un control estricto en aeropuertos, hoteles, centros comerciales y terminales de transporte.
