Con miles de familias afectadas por el cierre, autoridades locales y nacionales inspeccionan sectores clave del Tayrona.
Autoridades evalúan habilitar Playa Cristal, Neguanje, Gairaca y El Pozo, mientras la mesa de diálogo con comunidades kogui define el futuro del parque más visitado de Colombia.
El Parque Nacional Natural Tayrona atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente.
Cerrado al turismo, custodiado por la Policía y el Ejército y en el centro de una disputa territorial entre comunidades indígenas kogui y el Estado colombiano, el área protegida más visitada del país intenta encontrar un camino de salida que equilibre la conservación, los derechos ancestrales y la reactivación económica de miles de familias que dependen de él. Además: Gobierno ordena cierre temporal del Parque Tayrona tras disturbios y riesgos de seguridad
El cierre total del parque se concretó tras días de tensión, cuando las comunidades kogui, encabezadas por el gobernador Atanasio Moscote Gil, anunciaron que no abandonarían el control del territorio sin garantías formales sobre su participación en la administración del área protegida.
Para evitar un enfrentamiento, se instaló una mesa de diálogo con la participación de Parques Nacionales Naturales, el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Personería Distrital de Santa Marta y la Defensoría del Pueblo, como garantes.
El resultado fue un retiro ordenado de las comunidades y el compromiso de avanzar en una negociación estructural, cuyo próximo punto clave está fijado para el 27 de febrero.
“Lo importante era evitar la confrontación y abrir un camino institucional”, señaló un funcionario presente en la mesa. Sin embargo, el acuerdo no resuelve el fondo del conflicto: los kogui exigen participación real en la toma de decisiones, reparación a familias afectadas y mecanismos de protección dentro del territorio ancestral.
Despliegue militar y control institucional en parque Tayrona
Con las comunidades fuera de los accesos, la Fuerza Pública asumió la custodia del parque.
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La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, desplegó un operativo con tres ejes, actividades preventivas de educación ambiental con comunidades aledañas; intervenciones operativas para frenar actividades que afecten el ecosistema; y labores investigativas para identificar y judicializar actores de riesgo.
“En lo investigativo, se desarrollarán labores de análisis, judicialización y desarticulación de estructuras o personas que pretendan dañar este espacio natural protegido”, afirmó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.
Una reapertura que avanza con cautela
En paralelo al proceso político, la Alcaldía de Santa Marta, en articulación con Parques Nacionales Naturales, avanza en la verificación técnica de varios sectores del parque para una posible reapertura parcial y controlada. Los sectores evaluados son Playa Cristal —conocida como Playa del Muerto—, Neguanje, Gairaca y El Pozo, todos entre los más visitados del área protegida.
Las inspecciones incluyeron el análisis del comportamiento del oleaje, la estabilidad del terreno, las condiciones para el embarque y desembarque de embarcaciones y el estado de la infraestructura turística.
En el recorrido participaron representantes de comunidades, asociaciones de pescadores y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Darío Linero Mejía, jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático de Santa Marta, indicó que las condiciones actuales no representan riesgos en las maniobras de zarpe y desembarque, aunque aclaró que aún falta completar el proceso técnico antes de tomar decisiones definitivas.
Por su parte, José Miguel Orozco, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa del Muerto (Asoplam), aseguró que el sector está en buenas condiciones y subrayó la urgencia de la reapertura luego de 15 días de cierre.
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Una economía paralizada por cierre del Tayrona
El impacto del cierre se siente con fuerza. Durante 2024, el Tayrona recibió 615.599 visitantes, equivalentes al 46,5 % del total de ingresos a áreas protegidas con vocación ecoturística en el país, según el Informe Anual de Comportamiento de Visitantes de Parques Nacionales.
La paralización de esa dinámica golpeó de frente a pescadores, transportadores marítimos, guías, hoteleros, vendedores informales y pequeños comerciantes de los corregimientos costeros.
“Hay días buenos, pero no se comparan con lo que era antes. Todavía estamos lejos de una recuperación real”, cuenta uno de los operadores de rutas marítimas hacia las playas habilitadas.
Muchos visitantes, al encontrar restricciones, cancelan sus viajes o reducen su estadía, lo que profundiza el daño sobre una economía que ya venía resentida por semanas de incertidumbre.
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Operadores turísticos reportan que sus ingresos actuales apenas alcanzan para cubrir gastos básicos, mientras decenas de familias han tenido que recurrir a ahorros o préstamos para subsistir durante los períodos sin turistas.
El equilibrio pendiente
El Tayrona enfrenta hoy un triple desafío: resolver un conflicto territorial de fondo con las comunidades indígenas, recuperar la confianza de visitantes y operadores y garantizar que la reapertura no comprometa ni la seguridad de las personas ni la integridad del ecosistema.
Desde las comunidades locales, la posición es clara: “Queremos trabajar, pero también cuidar el territorio. Sin parque no hay turismo.”
El 27 de febrero, cuando las partes vuelvan a sentarse a negociar, el país sabrá si ese equilibrio es posible.
