Exámenes médicos iniciales descartan violencia contra los tres hermanos mientras la Fiscalía analiza las pruebas para definir la libertad de Gail.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El impactante video grabado en un balcón del barrio Navarra, en el norte de Bogotá, que el pasado domingo 14 de junio encendió las alarmas y provocó la indignación masiva de la ciudadanía, dio un giro inesperado. El presidente Gustavo Petro intervino públicamente para ofrecer una versión de los hechos que contradice las primeras sospechas de abuso sexual contra un menor de 7 años. Según el mandatario, las imágenes que se viralizaron correspondieron en realidad a una maniobra de emergencia y no a una agresión.
“El ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida”, manifestó el jefe de Estado a través de su cuenta de X.
Petro argumentó que la angustiosa escena confundió a los vecinos, quienes acudieron en masa al conjunto residencial para defender al niño, e insistió en que el extranjero se encontraba en el país exclusivamente para adelantar el proceso de adopción de tres hermanos de 5, 7 y 15 años.
Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2026
Lo saco al balcón por un atoramiento…
Los dictámenes médicos y la postura prudente del ICBF
Esta nueva hipótesis coincide con las primeras revelaciones del entorno forense. Fuentes de la investigación confirmaron que las evaluaciones preliminares de Medicina Legal, sumadas a la valoración del hospital que atendió a los tres menores tras el operativo, no arrojaron indicios de maltrato físico o de abuso sexual. No obstante, estos resultados siguen bajo riguroso análisis de la Fiscalía General de la Nación, entidad que determinará la situación jurídica del estadounidense Gail Grant una vez se conozcan las conclusiones forenses definitivas.
Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha optado por mantener la cautela administrativa. Aunque una hora antes del pronunciamiento presidencial la directora de la entidad, Astrid Cáceres, había reportado un parte preliminar de tranquilidad, el posterior comunicado oficial del instituto ni confirmó ni desmintió las palabras de Petro. El ICBF se limitó a señalar que el caso continúa en etapa de investigación judicial y que su prioridad absoluta es el bienestar de los menores, quienes permanecerán bajo protección institucional preventiva.
El #ICBF informa a la opinión pública que los procesos de adopción en Colombia se desarrollan bajo estrictos estándares legales, técnicos y judiciales, orientados exclusivamente a garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes.
— Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) June 16, 2026
Comunicado 🔗👉🏻 https://t.co/Sh6OYXqLON pic.twitter.com/3Dm1lThf2J
El debate sobre el sistema de adopción y la tercerización
Más allá del ámbito penal, las declaraciones del mandatario reabrieron un viejo debate sobre el sistema de protección infantil en el país. Tras conocerse el caso, Petro lanzó una fuerte crítica al modelo actual de asignación familiar: “He pedido que se acaben las tercerizaciones en el ICBF porque el Estado debe asumir su misión de cuidar de la niñez en Colombia cuando falla la familia”. Con esto, el presidente se refiere a la participación de instituciones privadas autorizadas (IAPAS) que intervienen en ciertas fases de los trámites de adopción internacional.
Ante estos cuestionamientos, el ICBF aclaró que el proceso de este grupo de hermanos se ha desarrollado bajo estrictos estándares legales vigentes.
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Los niños ingresaron al sistema de protección en 2022 debido a la vulneración de sus derechos y, tras ser declarados en situación de adoptabilidad por una Comisaría de Familia con el aval de un juez de la República, fueron presentados a un organismo internacional acreditado. Mientras la Procuraduría General de la Nación mantiene su vigilancia sobre el restablecimiento de los derechos de los niños, las autoridades judiciales intentan esclarecer por completo lo que verdaderamente ocurrió dentro de ese apartamento.
