El presidente electo Abelardo De La Espriella criticó el permiso concedido por la JEP a Rodrigo Londoño para viajar a España y anunció posibles cambios en la institucionalidad encargada de la paz. Sus declaraciones reabrieron el debate sobre la justicia transicional y el futuro del Acuerdo de 2016.
Publicado por: Redacción Colombia
Las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sobre la situación judicial de Rodrigo Londoño Echeverri, conocido durante su pertenencia a las Farc como alias ‘Timochenko’, generaron nuevas reacciones alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y de la aplicación del Acuerdo Final de 2016.
Durante una alocución, De la Espriella expresó su desacuerdo con el permiso concedido por la JEP para que Londoño viajara temporalmente a España y afirmó que, en su criterio, el antiguo comandante debería recibir una pena de prisión de mayor severidad.
El presidente electo aseguró que trabajará para impulsar cambios relacionados con el tratamiento judicial de los exintegrantes de las Farc responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado. Sus declaraciones hacen parte de la postura crítica que ha mantenido frente a algunos componentes del modelo de justicia transicional.
El pronunciamiento se produjo durante el periodo de transición presidencial y antes de la posesión del nuevo gobierno, prevista para el próximo 7 de agosto. De la Espriella también anunció que evaluará posibles modificaciones en la estructura institucional encargada de las políticas de paz y seguridad.
Hasta el momento no se conoce la presentación de una acción judicial concreta destinada a modificar la sanción impuesta a Londoño. Tampoco se ha informado sobre la radicación de una reforma legislativa o constitucional relacionada específicamente con este caso.
Rodrigo Londoño viajó a España luego de recibir una invitación para participar en actividades académicas y políticas relacionadas con las relaciones entre Europa y la región andina, así como con la implementación del Acuerdo de Paz colombiano.
La autorización fue concedida por la JEP bajo una serie de condiciones. Entre ellas se encontraban la obligación de regresar al país dentro del plazo establecido, participar en las diligencias judiciales programadas y presentarse personalmente ante la jurisdicción para acreditar su retorno.
Durante su permanencia en España, una declaración de Londoño sobre su regreso al país generó interpretaciones y cuestionamientos en algunos sectores políticos. No obstante, el dirigente retornó a Colombia y compareció ante la JEP dentro del término fijado por esa jurisdicción.
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Con su presentación, Londoño notificó formalmente su regreso y acreditó el cumplimiento de las condiciones establecidas para la autorización de salida.
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— Vanguardia (@vanguardiacom) July 14, 2026
Respuesta de Rodrigo Londoño
Después de comparecer ante la JEP, Londoño publicó un video en el que manifestó que continuará cumpliendo los compromisos asumidos por los antiguos integrantes de las Farc tras la firma del Acuerdo Final y la dejación de armas.
El dirigente del Partido Comunes señaló que seguirá aportando a los procesos de verdad, reparación y reconciliación. También reiteró su disposición de atender las decisiones y requerimientos de la justicia transicional.
Londoño afirmó que los firmantes de paz mantienen su compromiso con la implementación del acuerdo y solicitó que el debate público se adelante con garantías para quienes se acogieron al proceso.
Rodrigo Londoño forma parte del grupo de antiguos integrantes del Secretariado de las Farc que comparecen ante la JEP dentro del Caso 01, relacionado con secuestros, toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas durante el conflicto armado.
En septiembre de 2025, el Tribunal para la Paz impuso a los antiguos miembros del Secretariado la máxima sanción propia contemplada en el sistema de justicia transicional para quienes reconocen responsabilidad y aportan verdad.
Las sanciones propias de la JEP no corresponden a penas de prisión ordinaria. Incluyen restricciones efectivas de derechos y libertades, mecanismos de vigilancia y la participación obligatoria en trabajos, obras y actividades de contenido restaurativo.
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El mantenimiento de este tratamiento judicial depende del cumplimiento de condiciones como aportar verdad plena, reconocer responsabilidad, reparar a las víctimas, atender las órdenes de la jurisdicción y garantizar la no repetición.
En caso de un incumplimiento grave, la JEP puede revisar los beneficios concedidos y adoptar las medidas previstas dentro de su régimen sancionatorio.
El presidente de la República puede presentar proyectos de ley, proponer reformas constitucionales y orientar las políticas públicas de su gobierno. Sin embargo, no puede ordenar directamente la privación de la libertad de una persona ni modificar por decisión administrativa una sentencia judicial.
Cualquier cambio sustancial en el funcionamiento de la JEP tendría que ser discutido por el Congreso y someterse a los controles constitucionales correspondientes.
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La propuesta de imponer una pena de prisión perpetua también tendría que enfrentar el marco constitucional vigente. El artículo 34 de la Constitución Política establece la prohibición de esta clase de sanción.
Por esta razón, una iniciativa dirigida a incorporar la prisión perpetua requeriría una reforma constitucional. Incluso en ese escenario, su eventual aplicación tendría que respetar principios como la legalidad, la irretroactividad de la ley penal y la seguridad jurídica.
Debate sobre la justicia transicional
Las declaraciones de De la Espriella se suman a una discusión que ha acompañado a la JEP desde su creación. Uno de los principales puntos de debate es la diferencia entre las sanciones restaurativas previstas en el Acuerdo de Paz y las penas de prisión contempladas en la justicia penal ordinaria.
Los sectores críticos consideran que las sanciones impuestas a los antiguos comandantes de las Farc deberían reflejar con mayor severidad la gravedad de los delitos reconocidos.
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Por su parte, quienes respaldan el modelo de justicia transicional señalan que las sanciones propias fueron concebidas para facilitar el reconocimiento de responsabilidad, el aporte de verdad, la reparación a las víctimas y la terminación negociada del conflicto armado.
También sostienen que las autorizaciones de viaje concedidas a los comparecientes no son automáticas, sino que deben ser evaluadas individualmente y pueden estar condicionadas al cumplimiento de obligaciones judiciales.
