Las autoridades señalaron que la organización tenía funciones distribuidas entre sus integrantes.

Publicado por: Redacción Vanguardia
Las falsas ofertas de empleo que circulaban en redes sociales y aplicaciones de mensajería eran, según las autoridades, el mecanismo con el que una organización señalada de trata de personas contactaba a mujeres para explotarlas sexualmente en Bogotá.
La investigación permitió establecer que, detrás de esos anuncios, funcionaban dos establecimientos tipo spa que servían como fachada para la actividad ilegal.
Tras diez meses de labores investigativas, la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló la estructura conocida como Artemisa. El operativo dejó cinco personas capturadas y permitió identificar y rescatar a siete mujeres, de nacionalidad colombiana y venezolana.
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De acuerdo con la investigación, las víctimas aceptaban supuestas ofertas laborales publicadas en plataformas digitales. Después eran trasladadas a inmuebles ubicados en las localidades de Engativá y Kennedy, donde, según la Policía, eran sometidas a explotación sexual mientras la organización obtenía beneficios económicos mediante distintos mecanismos de control.
La operación judicial se desarrolló mediante allanamientos en los barrios La Riviera, en Engativá, y Las Brisas, en Ciudad Bolívar. Los cinco capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, que les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.
Las autoridades señalaron que la organización tenía funciones distribuidas entre sus integrantes. Alias Sara fue identificada como la presunta líder y, según el expediente, era quien convencía a las mujeres de aceptar las falsas ofertas de empleo.
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Su compañero sentimental, alias Stiven, estaría a cargo de la administración de los establecimientos utilizados por la estructura. La Policía indicó que registra antecedentes por violencia intrafamiliar y lesiones personales.
La investigación también vincula a alias Natalia, hija de la presunta cabecilla, como la persona encargada de contactar a las víctimas a través de plataformas digitales y administrar uno de los inmuebles.
Alias Ángel, también hijo de alias Sara, habría asumido la difusión de contenido explícito en redes sociales y aplicaciones de mensajería para promocionar los servicios que ofrecía la organización.
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Por su parte, alias Yudy administraba otro de los inmuebles y, de acuerdo con las autoridades, controlaba a las víctimas mediante sanciones económicas. La investigación señala que imponía cobros diarios de entre 100.000 y 150.000 pesos cuando las mujeres enfermaban o no podían atender clientes.
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La investigación se extendió durante diez meses e incluyó interceptaciones telefónicas, reconocimientos fotográficos, labores de vecindario y búsquedas selectivas de información.
Según la Policía, el caso comenzó a tomar forma tras una denuncia anónima y contó con el apoyo de Migración Colombia y la Secretaría Distrital de Seguridad durante las labores de rescate.











