La JEP imputó a 27 exintegrantes de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con atentados, masacres, violencia sexual y otros hechos del conflicto armado.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer una de las decisiones más importantes dentro de las investigaciones por el conflicto armado al imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 exintegrantes de los antiguos bloques Sur y Oriental de las Farc-EP.
Según la Sala de Reconocimiento, los comparecientes serían máximos responsables de una serie de hechos ocurridos durante años de confrontación, entre ellos homicidios, atentados, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, masacres y casos de violencia sexual contra la población civil. Lea: Juan Manuel Santos advierte que cambiar la JEP sería una pelea perdida para De la Espriella
Los hechos investigados por la JEP
La decisión hace parte de la primera imputación del Caso 10, que reúne algunos de los delitos más graves atribuidos a la antigua guerrilla y que no habían sido abordados en otros macrocasos. De manera paralela, también se relaciona con el Caso 11, que investiga la violencia sexual y basada en género cometida durante el conflicto.
Dentro de los expedientes analizados aparecen hechos que marcaron la historia reciente del país, como el atentado contra el Club El Nogal, la explosión de la casa bomba en Neiva y el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.
La JEP explicó que buena parte de estos hechos no había avanzado en la justicia ordinaria y que esta decisión permite establecer responsabilidades individuales y patrones de actuación de las antiguas estructuras guerrilleras.
Los 27 comparecientes tendrán ahora la posibilidad de aceptar o rechazar los cargos formulados. Si reconocen su responsabilidad y cumplen con las condiciones establecidas por el sistema de justicia transicional, el caso pasará al Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones correspondientes. En caso contrario, podrían enfrentar un proceso adversarial que contempla penas de hasta 20 años de prisión.
