Estas son las razones de un juez de Bucaramanga para frenar la delimitación parcial del páramo de Santurbán. El Ministerio deberá resolver recusaciones y garantizar nuevamente la participación ciudadana, indica el fallo.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga suspendió, en decisión de primera instancia, los efectos de la Resolución 0992 de 2026, al encontrar vulnerados los derechos de acceso a la información ambiental, participación efectiva y debido proceso. Puede leer: Páramo de Santurbán: el debate debe ser técnico
De acuerdo con el juez, el Ministerio de Ambiente “adoptó la delimitación de manera apresurada, sin haber respondido previamente las observaciones hechas por la ciudadanía ni publicar los soportes técnicos correspondientes, como mapas, coordenadas o actas de la reunión”.
En el fallo se incluye que incluso, la propia Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) confirmó que dos semanas después de expedida, la resolución ni siquiera figuraba en la página web oficial del Ministerio de Ambiente.
El fallo cuestiona al Ministerio de Ambiente del anterior Gobierno, por expedir la resolución el 6 de agosto de 2026, menos de 20 días después de la jornada de concertación del 18 de julio y cuando, según la propia entidad, el proceso de concertación con las comunidades estaba incompleto y no cumplía una Sentencia de la Corte Constitucional.
“El Gobierno anterior, pese a que nosotros habíamos hecho un trabajo juicioso de más de 32 reuniones con el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Minería y el Instituto Von Humboldt, decidió desconocer los acuerdos del municipio de Vetas, y otros, sin un piso jurídico o técnico, sin acercarse a la comunidad, y solo como un capricho ideológico de ese Gobierno”, indicó Angélica María García, alcaldesa de Vetas.
La decisión se produjo tras una acción de tutela presentada por Yojanna Yulieth Serrano Gómez, quien cuestionó las condiciones de participación durante la jornada de concertación del 18 de julio de 2026 y reclamó información relacionada con la Resolución 0992, expedida el 6 de agosto.
Una resolución expedida mientras el proceso seguía abierto
Uno de los puntos que más peso tuvo en la decisión fue que el Ministerio expidió la resolución apenas 19 días después de la jornada de concertación. Además: Revocan reserva temporal ambiental en zona ‘La Baja’ del Páramo de Santurbán en Santander
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La situación llamó la atención del juzgado porque, en un oficio posterior, la propia cartera informó que el proceso de delimitación registraba cerca de un 70% de avance en la fase de concertación.
Para el despacho, no bastaba con realizar una reunión. La participación ambiental debía permitir que las comunidades conocieran la información, formularan propuestas y desacuerdos y recibieran una explicación sobre cómo fueron considerados sus aportes.
Además, la accionante no contaba con documentos fundamentales como los mapas, coordenadas, anexos técnicos, estudios ambientales, actas, grabaciones y la matriz de valoración de las observaciones ciudadanas.
Las recusaciones
A las falencias en la información se sumó un grave vicio procedimental, según el juzagado. Durante el trámite judicial, la Oficina Asesora Jurídica del propio Ministerio admitió que entre el 21 de julio y el 6 de agosto, se radicaron varias recusaciones contra la entonces ministra encargada, Irene Vélez, y otros funcionarios clave del proceso.
Dichas recusaciones no fueron tramitadas a tiempo y la actuación administrativa debió suspenderse por mandato legal. Al expedirse la resolución en medio de esa parálisis, se configuró una “oposición manifiesta a la Ley”.
El juzgado recordó que, de acuerdo con el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la actuación debe suspenderse desde la presentación de una recusación hasta que esta sea resuelta.
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Por eso, determinó que la resolución fue expedida durante un periodo en el que el procedimiento administrativo se encontraba suspendido, situación que comprometió el debido proceso. Puede leer: Documentos prueban que el Gobierno sabía del saqueo de oro y contaminación con ácidos en el páramo de Santurbán
“Celebramos esta decisión del Juez que definitivamente tumbó esta delimitación parcial que en 2023 el propio gobierno de Gustavo Petro había dicho que no se podía hacer porque violaba una Sentencia de la Corte Constitucional. Gracias a Dios y la Justicia hoy estamos tranquilos”, indicó la líder social Ivonne Gonzalez, presidenta de Asociación de Mineros de Vetas.
El futuro de la delimitación de Santurbán
Con esta determinación, la nueva administración del Ministerio de Ambiente deberá encauzar nuevamente el cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.
El despacho judicial le otorgó cinco días hábiles a la cartera ambiental para resolver las recusaciones pendientes y retomar el diálogo con las comunidades antes de emitir una nueva decisión. Entre otras: El sorpresivo giro de Petro con la delimitación del páramo de Santurbán
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Además, en un plazo de 48 horas, deberá entregar a la accionante la documentación relacionada con la resolución y la jornada de concertación, incluida la matriz que permita conocer cuáles observaciones fueron aceptadas, rechazadas o incorporadas parcialmente.
“Tenemos la esperanza de que este nuevo Gobierno realice un proceso de participación más elaborado, reconozca los acuerdos a los que habíamos llegado en 2021 y 2022″, indicó Angélica María García, alcaldesa de Vetas.
Las comunidades de la provincia de Soto Norte reiteraron que el proceso debe ser integral, transparente y con garantías reales de concertación para los habitantes de Santander y Norte de Santander.
