Publicado por: Editorial
El debate sobre el páramo de Santurbán y su zona de influencia suma un nuevo capítulo con la reciente controversia sobre la declaratoria de la microcuenca de ‘La Baja’ como Reserva de Recursos Naturales. La expedición de una resolución en las horas finales de la administración de Petro y su inmediata anulación por el gobierno entrante no son más que otro síntoma de un círculo vicioso. Esta dinámica demuestra cómo la protección del agua y el rigor técnico en temas ambientales, que deberían ser el único norte, terminan ahogados por las transiciones políticas, la desinformación que aumenta en redes sociales y los intereses electorales regionales.
El Ministerio de Ambiente actual, al revocar la medida, ha señalado vicios de procedimiento que no pueden ser desestimados, pues la existencia de una acción de tutela, la posible vulneración de derechos a la participación ciudadana y el debido proceso, así como el momento casi extemporáneo de la firma de la resolución anterior, exigen un escrutinio técnico y administrativo riguroso. Ahora, aquí es importante hacer precisiones fundamentales. La delimitación del páramo de Santurbán y la reserva de ‘La Baja’ son dos procesos diferentes. De las 1.499 hectáreas declaradas en ‘La Baja’, el 17 % (259 hectáreas) ya se superponía con la delimitación progresiva del páramo de Santurbán, redundando en una prohibición que la ley ya amparaba. Aun así, el Servicio Geológico Colombiano ha confirmado la conexión hidrogeológica entre ambas zonas, un dato científico crucial para un proceso que ahora exige absoluta rigurosidad actualizada en ámbitos legales, sociales y técnicos.
Santurbán ya no enfrenta solo el desafío de ser protegido. La minería ilegal que ya dañó sus ecosistemas obliga a asumir una tarea más urgente: rescatarlo de esa economía ilegal que avanza mientras muchos siguen atrapados en debates políticos.
La recomendación en este nuevo proceso es que la sentencia judicial que ordenó reiniciar el trámite debe acatarse integralmente, garantizando un espacio de participación ciudadana y abriendo una oportunidad para profundizar los estudios que determinen claramente cuáles actividades son compatibles con la función de recarga y descarga que cumple ‘La Baja’, por cuanto asegurar el agua para el área metropolitana es absolutamente prioritario; luego, el debate debe centrarse en la compatibilidad de las actividades humanas con un ecosistema esencial para la vida de millones de personas. La ciencia debe determinar los límites, y la ley debe establecer el procedimiento para respetarlos.
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Las posiciones encontradas en todas estas discusiones son legítimas en una democracia, pero no pueden ser el único referente para la toma de decisiones. El juicio de tutela que dio origen a esta controversia pone de manifiesto que la ciudadanía exige claridad y un debido proceso, algo que debe ser acatado. Por su parte, el nuevo trámite anunciado por el Ministerio de Ambiente debe ser un modelo de transparencia que convoque a todos los sectores, desde la academia hasta las organizaciones de la región de Soto Norte y Bucaramanga, para brindar la seguridad jurídica que demandan tanto el ecosistema como los particulares y las comunidades de la región, que piden presencia e inversión del Estado. El desafío inmediato será la construcción de confianzas y consensos. Tarea difícil en la actualidad, donde las posturas distantes se leen como enemigas.
Es necesario insistir, una vez más, como lo ha denunciado Vanguardia con un periodismo de investigación responsable, que en la zona de la microcuenca de ‘La Baja’ se levanta un cerro seco, de aproximadamente 300 hectáreas, que esconde entre peñascos más de 200 entradas a minas, muchas de ellas con una profundidad menor a los 50 metros. De estas minas ilegales, en los últimos ocho años, han salido toneladas de oro y plata, que abastecen el mercado ilícito de estos metales en el oriente colombiano. Todo bajo la más completa impunidad de las autoridades ambientales, que conocen a detalle el fenómeno de la minería ilegal. Los dos últimos gobiernos nacionales no han logrado frenar esta economía ilícita; mucho menos proteger el páramo de Santurbán, que ya padece la minería ilegal en sus entrañas. La tarea ya no es solo proteger Santurbán, sino rescatarlo del desastre ambiental que hoy sufre.
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El llamado es a la mesura y al rigor técnico en el manejo de la información. Las decisiones ambientales en Santurbán no pueden responder a presiones de última hora ni a las veleidades políticas o electorales. Está en juego el agua de más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander, un asunto de máxima sensibilidad que exige un tratamiento responsable por parte de todos los actores. Este proceso requiere acceder, compartir y difundir datos verificados. Proteger Santurbán trasciende cualquier eslogan de campaña: demanda evidencia científica, voluntad política, consensos entre las comunidades del territorio y los sectores urbanos, y la firmeza institucional para aplicar la ley sin vacilación.
