Publicado por: Editorial
La denuncia presentada por Vanguardia esta semana sobre el estado del Acueducto Regional del Chicamocha pone en evidencia una falla estructural del Estado, pues la suspensión de una obra que supera el 85 % de ejecución, en un municipio como Los Santos, es la constatación de un abandono que ahora amenaza con tener consecuencias humanas graves e inmediatas, si miramos hacia el crítico fenómeno de El Niño que acaba de comenzar.
Los Santos es quizás el más desatendido del departamento en materia de agua, a pesar de que su vocación turística y su importancia geológica son innegables. Los habitantes del municipio y los de la Mesa de los Santos han normalizado el viacrucis de la sequía, pero este año los pronósticos sobre la intensidad del fenómeno de El Niño son advertencias científicas que exigen preparación, pero estas comunidades tendrán que enfrentar este período de calor extremo con un acueducto inconcluso.
No basta con afirmar que se gestionarán recursos desde el orden departamental para finalizar la obra, sino que es necesario demostrar con hechos que existe la voluntad política para hacerlo. El silencio gubernamental y las justificaciones técnicas dilatorias solo fortalecen la idea de que el proyecto puede convertirse en un elefante blanco más para los santandereanos.
La Esant, entidad responsable del proyecto, asegura que la obra es viable y cita estudios acreditados para respaldar su afirmación, pero al mismo tiempo la entidad reconoce que debe definir ajustes en la captación, el alcance del sistema y su operación, mientras la obra permanece paralizada. Esto puede significar que se han invertido cerca de 30 mil millones de pesos en infraestructura que no sirve, mientras la comunidad sigue sin un recurso básico.
Uno de los puntos de mayor controversia de la obra es el sistema de captación y el costo energético de bombear agua desde el río Chicamocha, salvando un desnivel de 1.250 metros. La propuesta de instalar paneles solares para mitigar este gasto es una alternativa que merece ser evaluada, pero mientras se estudia la energía fotovoltaica, la gente continúa sin agua, por lo que la prioridad sigue siendo la de garantizar la operatividad pronta del sistema. La discusión técnica no puede disociarse de la realidad social, que requiere soluciones antes de que el verano se convierta en una crisis humanitaria.
Los retrasos en la gestión predial y los conflictos por servidumbres han sido otros síntomas de la deficiente planificación que ha caracterizado al proyecto desde sus inicios hace una década. La tercera reformulación en curso es una prueba más de que los diseños originales no fueron lo suficientemente efectivos, lo que ha hecho que el tiempo y los recursos se hayan manejado con inaceptable ligereza y que hoy la comunidad se muestre impaciente como resultado del cansancio de años de espera.
Es necesario subrayar que la infraestructura física ya está construida en su mayoría, y este hecho convierte la paralización en un acto de irracionalidad económica y social. Las estaciones de bombeo, los tanques de almacenamiento y la tubería están listos en gran medida, pero el sistema no puede operar por definiciones que debieron tomarse en las fases de planeación, no cuando la sequía ya está amenazando a la gente.
Ahora, la respuesta del Estado no puede derivar en nuevos diagnósticos, la ciudadanía necesita un cronograma claro, con fechas límite y responsables directos de su cumplimiento. No basta con afirmar que se gestionarán recursos desde el orden departamental para finalizar la obra, sino que es necesario demostrar con hechos que existe la voluntad política para hacerlo. El silencio gubernamental y las justificaciones técnicas dilatorias solo fortalecen la idea de que el proyecto puede convertirse en un elefante blanco más para los santandereanos.
La responsabilidad recae sobre las autoridades departamentales y nacionales que deben actuar con la rapidez y seriedad que la situación exige, sin más reformulaciones que eviten llegar a resultados prontos y concretos. El Estado debe cumplir estrictamente su papel como garante del bienestar general y demostrar que el incumplimiento no es una alternativa aceptable, porque la verdad es que hasta ahora, la historia de este acueducto es la historia de una oportunidad perdida.
