Publicado por: Editorial
Los incendios forestales que en las últimas semanas han afectado sucesivamente a departamentos como Tolima, Boyacá y Santander responden a una combinación de múltiples factores que van desde condiciones climáticas extremas hasta decisiones humanas que agravan el riesgo, por lo que reconocer esa relación es el primer paso para buscar respuestas efectivas y asumir responsabilidades concretas frente a un problema que está a punto de adquirir dimensiones nacionales.
El fenómeno de El Niño es una de esas causas, pues reduce las precipitaciones y eleva las temperaturas en amplias regiones del país, secando la vegetación y convirtiéndola en material inflamable. Pero a esto se suma el hecho de que entre el 95 % y el 99 % de los incendios en Colombia tienen origen humano. Las quemas agropecuarias, la disposición inadecuada de residuos, las fogatas mal apagadas y las colillas arrojadas en zonas rurales originan la mayoría de los casos. Además, se han identificado indicios de incendios causados para especular con tierras, expandir fronteras agrícolas o distraer a la Fuerza Pública.
La simultaneidad de focos en regiones distantes, como ha ocurrido en Colombia, responde a un patrón que los científicos denominan teleconexión climática, que puede hacer que un mismo sistema meteorológico genere tormentas secas cuyos rayos impactan bosques alejados entre sí. Así, varios incendios pueden iniciarse simultáneamente en puntos separados por cientos de kilómetros, lo que, además del impacto ambiental, satura la capacidad nacional de respuesta y desborda a los cuerpos de emergencia. Cuando esos focos convergen, el problema deja de ser local y se convierte en una crisis climática de escala mayor que afecta a regiones enteras.
La deforestación es un factor crítico también en esta problemática, pues al escasear la cobertura vegetal nativa, el suelo pierde capacidad de retener humedad y el ciclo del agua se rompe; las laderas se secan más rápido y el viento encuentra menos barreras naturales, por lo que una chispa insignificante puede transformarse en un incendio gigantesco en pocos minutos.
Frente a estos fenómenos de tipo climático, geológico, atmosférico y social, la información oportuna es una defensa importante, sobre todo porque las comunidades deben conocer los niveles de riesgo, las restricciones vigentes y los canales de reporte, pues una alerta temprana bien difundida puede evitar que una quema se convierta en tragedia. La desinformación, por el contrario, multiplica la vulnerabilidad y retrasa la respuesta institucional.
Pero no es solo informar: se requiere formar conciencia ecológica desde la escuela para entender que el bosque no es un obstáculo para el desarrollo, sino una infraestructura vital que regula el agua, protege los suelos y sostiene la vida. Las autoridades, por su parte, tienen la obligación de investigar y castigar a quienes provocan incendios intencionalmente, así como fortalecer la vigilancia, dotar a los cuerpos de bomberos y coordinarse con las comunidades, de manera que las acciones puedan anticiparse mediante sistemas de monitoreo satelital, brigadas comunitarias y planes de manejo del fuego, por ejemplo.
Todo esto lleva a la necesidad de invertir en tecnología, capacitación y coordinación interinstitucional. Los municipios deben contar con mapas de riesgo actualizados, protocolos claros de evacuación y recursos suficientes para atender emergencias concurrentes. La UNGRD y los institutos científicos deben trabajar articulados con alcaldías y gobernaciones.
