Publicado por: Editorial
El Concejo acaba de autorizar el parqueo en la calle en determinadas zonas de Bucaramanga, una decisión que podría aliviar la presión sobre unos cuantos sectores, pero que entraña un riesgo enorme si no se acompaña de instrumentos claros y de una voluntad firme para hacerlos cumplir. La experiencia acumulada en la ciudad indica que cada vez que se han habilitado espacios para estacionar en vía pública, con el tiempo la señalización se deteriora, la vigilancia se relaja y termina imponiéndose la idea de que cualquier lugar sirve para parquear.
Esto significa que la prohibición general de parquear en las vías se diluye, y el desorden no solo se multiplica en la calzada, sino que se extiende a los andenes, con lo que los peatones pierden el poco espacio que les corresponde y se ven obligados a caminar por la vía vehicular. La autorización sin control estricto suele terminar en una especie de legalización parcial de lo que antes era una infracción y extiende el conflicto a otros lugares.
Para que esta medida tenga esta vez un mejor futuro, la reglamentación debe ser precisa y su control debe ser estricto, permanente y sostenido en el tiempo, algo que nuestra debilitada autoridad de tránsito no parece estar en capacidad de cumplir. Por eso se debe establecer con exactitud dónde se puede parquear, en qué horarios, por cuánto tiempo, con qué costo y bajo qué responsabilidad; se requiere también una demarcación que no deje dudas sobre los límites de cada espacio. Pero todo resulta inútil sin una vigilancia constante y sanciones efectivas para quienes la incumplan.
La experiencia muestra que los ensayos de estacionamiento regulado han fracasado por falta de continuidad, pero hoy hay que sumar el hecho de que el crecimiento del parque automotor supera por mucho la capacidad de las vías y de los espacios disponibles, por lo que la ciudad lo que necesita es una política integral de movilidad y estacionamiento, con inversiones en infraestructura, reordenamiento del uso del suelo, educación vial y una regulación estable.
Todo esto se justifica porque durante años se ha discutido la creación de zonas reguladas, pero nunca una estrategia municipal de largo plazo y por eso hoy, mientras el parque automotor sigue creciendo, la infraestructura vial y de parqueo llevan años prácticamente detenidas, todo lo cual usan como justificación los conductores para ocupar andenes, antejardines y parques. Es decir, hay una carencia estructural que convalida esa conducta irregular.
Por esto, además de ampliar y modernizar la red vial, construir parqueaderos subterráneos y superficiales en puntos estratégicos y planificar bahías que no sacrifiquen carriles de circulación, entre otras cosas, se debe pensar en programas continuos en el sistema educativo, que formen a las uevas generaciones en el respeto a las normas y en la comprensión de la movilidad como un bien común, con el ánimo de eliminar las conductas que lesionan los derechos de los demás en las vías y la idea de que el espacio público es territorio para la anarquía.
No se debe mirar la autorización recién aprobada con pesimismo, si ella se convierte en punto de partida hacia una reglamentación detallada, una demarcación adecuada y, sobre todo, una vigilancia que garantice el cumplimiento estricto de lo pactado, de manera que no se repita el ciclo conocido de entusiasmo inicial y relajación posterior que causa el efecto de que se diluya la prohibición general de parquear en vías públicas.
Lo que es un hecho históricamente comprobable en la ciudad es que la medida de establecer Zonas de Estacionamiento Regulado Transitorio, por sí sola, no resuelve la falla estructural. La ciudad necesita una política integral, sostenida en el tiempo y respaldada por recursos, infraestructura, instituciones y ciudadanía, si lo que se quiere lograr es evitar que el problema siga creciendo, lo que ocurrirá si solo seguimos acudiendo a fórmulas de solución que ya han probado su ineficacia en el mediano y largo plazo.
