Publicado por: Editorial
En Bucaramanga, la salud mental constituye uno de los frentes más críticos y menos atendidos, a juzgar por los últimos años en los que los indicadores de enfermedad psicológica y psiquiátrica han tenido un crecimiento constante, lo que ha impulsado también los casos de suicidio y de intento de suicidio, todo lo cual nos deja frente un fenómeno colectivo que exige respuestas firmes, científicas y coordinadas entre las familias, las instituciones y el conjunto de la sociedad.
Los profesionales que tienen relación con estos casos han explicado que, en una alta proporción de ellos, se dan situaciones que implican largos procesos de sufrimiento que, en muchas ocasiones, pudieron haberse remediado si el sistema hubiera tenido la capacidad de detectarlos y atenderlos a tiempo. Se habla de depresión, ansiedad, trastornos psiquiátricos y el consumo problemático de sustancias, que aparecen frecuentemente entre los factores asociados.
Según los estudios divulgados recientemente en la ciudad, estas situaciones y patologías se dan con particular crudeza en adolescentes y jóvenes, con énfasis doloroso en los registros que muestran que la incidencia de intentos de suicidio aumenta en los últimos años de la adolescencia y los primeros de la juventud, lo cual coincide con etapas en las que crece la presión social, académica y familiar, y con frecuencia con la ausencia de espacios seguros donde expresar lo que se es o lo que se siente, sin que eso conlleve el juicio o el rechazo.
La familia, por lo tanto, ocupa un lugar preponderante en esta problemática, pues cuando en un hogar se manifiestan señales de enfermedad mental, la reacción más común suele ser la negación, la minimización o la búsqueda de explicaciones improcedentes, todo lo cual solo logra prolongar el sufrimiento y retrasar la atención. Las familias deben aprender a reconocer los signos de alerta y, sobre todo, deben respaldar a quien padece una enfermedad mental, acompañarlo y procurar tratamiento científico inmediato.
Pero aquí aparece claramente la responsabilidad del Estado y de la institucionalidad que debe hacer esfuerzos por ampliar la cobertura de servicios psicológicos y psiquiátricos, garantizar el acceso oportuno a tratamiento, fortalecer los programas de prevención en colegios y universidades y asegurar el seguimiento de quienes han atravesado una crisis. Implica también formar a docentes, personal de salud y líderes comunitarios para identificar señales tempranas, por ejemplo.
El costo de la inacción es elevado y está afectando negativamente a toda la sociedad, pues las consecuencias de una enfermedad mental no tratada afectan la vida laboral, la convivencia familiar, el rendimiento académico y la estabilidad comunitaria. En el ámbito familiar, el impacto puede ser devastador, especialmente cuando ocurre una muerte por suicidio, hecho que deja secuelas profundas y duraderas en quienes sobreviven.
Es necesario insistir, entonces, en que buscar ayuda profesional es una medida de responsabilidad. Naturalizar el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica, eliminar el estigma que rodea a estos padecimientos y hablar del tema con lenguaje claro y respetuoso son condiciones indispensables para avanzar y eliminar el silencio y el prejuicio que han sido generadores históricos de esta crisis. Las autoridades locales y nacionales deben sostener y ampliar las acciones de prevención, atención y seguimiento, pues de poco sirve únicamente reaccionar ante la tragedia consumada; es imprescindible escuchar a tiempo, detectar las señales, facilitar el acceso a profesionales y acompañar a las familias.
