Publicado por: Editorial
La decisión de reeditar en Bucaramanga el denominado día sin carro y sin moto obliga a examinar con seriedad los argumentos que el comercio y la mayoría de la ciudadanía han expresado este año, igual que los anteriores, pues no se trata de posturas improvisadas, sino de observaciones verificables sobre los efectos reales de una jornada que, en muchas ciudades del mundo donde se implementó, terminó siendo abandonada o reemplazada por actividades más útiles y menos traumáticas.
En Bucaramanga, los registros históricos de ese día son elocuentes. En sectores como Cabecera, lejos de reducirse los contaminantes, se comprobó un aumento significativo de monóxido de carbono en jornadas anteriores, con incrementos que en 2013 alcanzaron cerca del 80 %, pues al restringir vehículos particulares, la demanda de transporte se concentra en buses diésel de edad avanzada, cuya operación intensiva ese día eleva las emisiones. El resultado se aleja del propósito declarado y la medida se vuelve contraproducente desde el punto de vista ambiental.
El comercio, por su parte, ha denunciado pérdidas que no admiten discusión y que afectan por igual a grandes almacenes, pequeños tenderos, restaurantes, talleres mecánicos, repartidores y mensajeros, entre muchos otros que ven caer sus ingresos durante la jornada sin que exista compensación alguna, lo que lleva a la conclusión de que para miles de trabajadores, especialmente los independientes, que son prácticamente la mitad de la economía local, el día sin carro equivale a un día sin ingresos. En pocas palabras, la medida impone costos elevados a sectores que no contaminan de manera significativa y que no disponen de alternativas reales de movilidad.
A esto se suma el efecto de rebote que anula cualquier beneficio potencial, pues el día anterior y, sobre todo, el día posterior a la restricción, se concentran actividades represadas que aumentan el tráfico y, por lo tanto, las emisiones, de manera que el mínimo ahorro obtenido durante unas horas se pierde por completo en las jornadas contiguas, o, lo que es igual, la carga contaminante total no disminuye, sino que simplemente se desplaza en el tiempo. Los expertos en movilidad han señalado este patrón y Bucaramanga no es la excepción: la jornada no reduce la contaminación acumulada, apenas la redistribuye.
Sobre el argumento pedagógico, está suficientemente demostrado que un día sin carro no modifica las decisiones de transporte de los ciudadanos durante el resto del año, no logra un cambio cultural, no motiva la adopción de modos alternativos, luego la jornada opera como un paréntesis sin efecto transformador. Por eso es que urbanistas y economistas coinciden en calificarla como una medida cosmética, orientada a proyectar una imagen de compromiso ecológico mientras se postergan las reformas estructurales que realmente incidirían en las causas del problema.
Si una ciudad quiere contribuir desde el tránsito vehicular a un mejor medio ambiente, puede hacer más progresos con inversión sostenida en transporte público limpio, gestión inteligente del tráfico y políticas de ordenamiento territorial que desincentiven el uso del automóvil. Los recursos destinados a la logística de estas jornadas estarían mucho mejor invertidos en estudios de movilidad, conversión del parque automotor a tecnologías alternativas y programas masivos de arborización; en síntesis, pensar en soluciones basadas en evidencia, no en gestos simbólicos.
Bucaramanga debe replantearse seriamente estos modelos que el mundo ha ido descartando o modificando radicalmente, en muchos casos, por su probada ineficacia, pues seguir replicando un formato cuyos resultados negativos han sido medidos hace que nos descuidemos frente a desafíos ambientales que estamos lejos de resolver adecuadamente. Los problemas de contaminación y tráfico requieren políticas de fondo, sostenidas en el tiempo y, sobre esto, la ciudad merece un debate abierto y soluciones estructurales, en lugar de insistir en medidas que ya han mostrado su fracaso en nuestras propias calles.
