En Colombia hemos visto en los últimos gobiernos nacionales la política de “tierra arrasada” o de “dejar la olla raspada”, que consiste en que la administración saliente, poco antes de entregar el poder, si la que sigue no es de su agrado, gasta en exceso y de manera precipitada, con el fin de privar de recursos al gobierno entrante y poner en apuros el funcionamiento ordinario del Estado en lo que resta del año fiscal.
Esto se debe a que, en Colombia, el año fiscal corre de enero a diciembre, pero el cambio de mando nacional ocurre en agosto. Si una administración compromete o ejecuta desproporcionadamente en los primeros siete meses recursos concebidos para doce, condena a la siguiente administración a gobernar con una caja exhausta o a depender de adiciones presupuestales de urgencia ante el Congreso.
Esta práctica implica poner un cálculo electoral por encima del principio de continuidad del Estado; esto es, se privilegian los intereses particulares de boicotear al nuevo gobierno por encima del interés general de que el Estado pueda cumplir con sus funciones para beneficio de todos, dado que el erario y la administración no pertenecen a un partido o al mandatario de turno. Agotar las partidas presupuestales o comprometer vigencias futuras de forma irresponsable para asfixiar al sucesor no castiga al nuevo mandatario, nos castiga a todos.
Además, es una práctica perversa pues en esa recta final, el gobernante saliente ya no asume costos políticos ante el electorado por sus acciones irresponsables, pero sí se las endosa al entrante. Cuando fallen los servicios públicos por falta de presupuesto, la reacción natural del ciudadano será juzgar de inepto al gobierno entrante y no al saliente, siendo este último el responsable.
Y no me malinterprete el lector. Esta práctica no se la inventó el gobierno de Petro —que a su vez la padeció al asumir el poder—; viene de tiempo atrás. Estamos ante una práctica que, de no detenerse prontamente, se normalizará hasta volverse una costumbre política con efectos terribles para la sociedad.
Es por ello que es urgente establecer una regla de gasto de transición, esto es, un techo proporcional de ejecución en año de transición del poder, lo que significa reformar las normas presupuestales para establecer que, en el año de cambio de mando, ninguna entidad del orden nacional pueda comprometer o ejecutar más del porcentaje estrictamente proporcional a los meses transcurridos bajo la administración saliente (alrededor del 60% al 7 de agosto), salvo casos de emergencia. Si se detecta sobregiro injustificado en el ritmo de ejecución, los ordenadores del gasto responderían disciplinaria y fiscalmente.
Igualmente, sería necesario un veto o suspensión temporal a vigencias futuras extraordinarias; es decir, prohibir la aprobación de nuevas vigencias futuras no estratégicas en el último año de gobierno, impidiendo que la administración saliente hipoteque los techos de gasto de los periodos fiscales venideros.
También convendría instaurar una auditoría preventiva de empalme, en la cual participen los organismos de control (en especial la Contraloría General de la República), que fiscalice el techo de ejecución y el balance presupuestal.
Y, finalmente, crear un índice público de transición fiscalmente responsable, publicado por la Contraloría General de la República (ojalá juntamente con el Departamento Nacional de Planeación y Minhacienda), exponiendo ante la opinión pública qué carteras agotaron sus rubros de forma desmedida durante las semanas previas a la entrega de mando, para permitir así un mayor control político sobre el gobierno saliente.
Sería una muestra de madurez republicana si el Ejecutivo y el Congreso actuales propician reformas de este calado, clausurando de una vez por todas una costumbre tan mezquina como lesiva para el país.
