El caso de Ana Lucía, la niña de nueve años que fue asesinada por el novio de su tía y cuyo cuerpo fue abandonado en una alcantarilla, es desgarrador. Muestra, una vez más, lo indolente que sigue siendo nuestra sociedad frente a la violencia contra la niñez.
En Bogotá se ha hablado mucho durante los últimos días sobre niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Los medios han hecho seguimiento, las autoridades han respondido y los defensores de los derechos de la infancia han encendido las alarmas.
Suelo publicar con frecuencia casos de violencia infantil y la constante es desalentadora: mientras cualquier debate político genera miles de reacciones, las noticias que involucran a la niñez casi pasan inadvertidas. Aparecen, conmueven a algunos y, pocos días después, quedan sepultadas por la siguiente coyuntura.
¿Cómo es posible que un crimen que debería estremecer a todo un país desaparezca de la conversación en cuestión de días, como si nunca hubiera ocurrido?
Es entonces cuando comienza el conocido peloteo de responsabilidades: la Policía, el alcalde, el Gobierno, el ICBF. Siempre aparece alguien a quien culpar después de la tragedia. Sin embargo, pocas veces aparece la pregunta verdaderamente incómoda: ¿qué se está haciendo para evitar que ocurra?
Las cifras de Bogotá ayudan a entender la dimensión del problema. Entre enero y el 16 de septiembre de 2026, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia conoció y atendió —con autorización de las familias— 246 casos de desaparición. De ellos, 172 niños, niñas y adolescentes regresaron a sus hogares, 12 continúan en búsqueda activa y en 62 casos las familias no autorizaron el acceso a la información.
Lo verdaderamente revelador aparece al analizar las causas de estos 246 eventos:
178 casos estuvieron relacionados con el entorno familiar (conflictos con los padres, separaciones, sanciones, pautas de crianza, relaciones o amistades no aceptadas). Casi tres de cada cuatro desapariciones tienen su origen en el hogar. Otros 34 respondieron a extravíos, 17 estuvieron vinculados al entorno educativo, 13 a situaciones de salud mental, 2 al consumo problemático de sustancias y solo 2 a entornos delincuenciales.
Solo dos de 246. La inmensa mayoría de las desapariciones tiene detrás dinámicas familiares, personales, escolares o de salud mental.
Por supuesto que debe existir una reacción inmediata y eficaz de las autoridades cuando un niño desaparece; cada minuto cuenta. Pero creer que este problema se resuelve únicamente poniendo más policías en las calles es desconocer su verdadera naturaleza. ¿Qué policía puede impedir que un padre, un padrastro o una pareja maltrate o asesine a un niño dentro de su propia casa?
Ahí está la discusión que Colombia sigue aplazando.
Las personas se preparan durante años para ejercer una profesión, pero para criar a un hijo —una de las responsabilidades más grandes que existen— casi nadie recibe formación. Hay padres desbordados frente a niños y adolescentes que crecen en un entorno digital que avanza más rápido de lo que ellos logran comprender.
¿Dónde están los programas masivos de pautas de crianza? ¿Dónde encuentran ayuda las familias antes de que una tensión se transforme en violencia? ¿Dónde están los equipos psicosociales necesarios en los colegios para detectar a tiempo si un estudiante atraviesa una crisis? ¿Y dónde está el sistema de salud mental capaz de garantizar atención y continuidad cuando se enciende una alerta?
El ICBF debe volver a poner en el centro uno de los pilares que inspiraron su creación: la prevención y el fortalecimiento familiar. Gobernaciones y alcaldías también deben asumirlo como una prioridad estratégica.
El problema es que prevenir no permite hacer grandes inauguraciones. Fortalecer familias no corta cintas. Enseñar pautas de crianza difícilmente genera una fotografía espectacular para una campaña política. Pero salva vidas.
Colombia necesita una verdadera revolución de cultura ciudadana alrededor de la niñez: enseñar a cuidar, establecer límites sin violencia, reconocer señales de alarma y aprender a pedir ayuda. Proteger a los niños es una responsabilidad colectiva.
Una sociedad que no cuida a sus niños no es viable. Es hora de dejar de buscar a quién culpar tras cada tragedia y formular la pregunta que realmente importa:
¿Qué se hizo para evitarla?
