El último Informe de Calidad de Vida de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos deja un dato sobre el cual vale la pena detenernos. El 45,7 % de las personas ocupadas en nuestra área metropolitana trabaja en condiciones de informalidad. En Santander, la cifra alcanza el 56,5 %. En términos sencillos, alrededor de la mitad de quienes trabajan lo hacen por fuera de las condiciones que asociamos con un empleo formal.
Las consecuencias van mucho más allá del mercado laboral. La informalidad significa menor cobertura efectiva de seguridad social, menor recaudo tributario y mayores dificultades para que trabajadores y empresas accedan a crédito, formación, tecnología y programas destinados a mejorar su productividad. También limita la capacidad institucional para acompañar a los negocios durante sus primeros años, precisamente cuando son más vulnerables.
El problema adquiere otra dimensión cuando miramos el tejido empresarial. Durante 2025 se cancelaron 8.723 empresas en el área metropolitana, 46,2 % más que el año anterior. Crear empresas es importante, pero lograr que sobrevivan, crezcan, generen empleo y construyan relaciones productivas con otras empresas lo es todavía más.
A esto debemos sumar una economía ilegal que mueve enormes cantidades de efectivo sin que buena parte de esos recursos contribuya a financiar las instituciones, la infraestructura y las oportunidades que necesita el territorio. Existe actividad económica, pero una parte de ella permanece por fuera del círculo que transforma productividad en bienestar colectivo.
La formalidad puede parecer más costosa al principio. Exige organización, contabilidad, seguridad social, impuestos y cumplimiento de las normas propias de cada actividad. Pero son precisamente esas obligaciones las que permiten construir un círculo virtuoso.
Una empresa formal protege a sus trabajadores, paga impuestos, puede acceder al sistema financiero, contrata proveedores formales, genera encadenamientos productivos y tiene mejores posibilidades de crecer. Cuando miles de empresas hacen lo mismo, aumenta la productividad, se fortalece el tejido empresarial y el Estado dispone de mayores recursos para invertir en calidad de vida.
Formalizar, por supuesto, no puede significar simplemente exigir más requisitos. También necesitamos un Estado que haga más fácil hacer las cosas bien, con reglas claras, trámites razonables, acompañamiento técnico e incentivos para crecer dentro de la legalidad. Sin embargo, lo más urgente es un cambio de actitud. Es importante que, como sociedad, tengamos un mayor compromiso con la formalización de las diferentes actividades económicas.
Durante demasiado tiempo hemos tolerado los atajos como una característica inevitable de nuestra economía. El verdadero desarrollo exige exactamente lo contrario.
Hacer las cosas bien puede costar más al comienzo; hacerlas mal siempre termina costándonos mucho más.
