La noche en que el Comité Intergremial de Santander reunió al gobernador, a la bancada parlamentaria y a los santandereanos que ocupan altos cargos en el Estado, se dijo algo que merece subrayarse: que detrás de esos funcionarios hay un departamento unido, dispuesto a aportar conocimiento técnico y a acompañar cada iniciativa de progreso; la frase no es menor, porque quien la pronunció, María Juliana Remolina, no habló a título personal, sino en nombre de 24 gremios y de más de 2.300 empresas que generan buena parte del empleo de la región.
Hablar de reconstrucción de Santander no es una licencia retórica; el departamento viene de años en los que la conversación con el Gobierno Nacional, como lo reconoció la presidenta del Comité, no tuvo la fluidez esperada, y ese desencuentro se tradujo en vías que no avanzan y en una competitividad que se erosiona; reconstruir, en ese contexto, significa recuperar la interlocución y la confianza, y en ella el sector privado no puede ser un invitado de piedra, sino un actor protagónico.
La razón es sencilla: las empresas y los gremios conservan la memoria técnica de los proyectos y tienen el incentivo para verlos terminados; por eso tiene sentido que haya sido desde el sector privado, junto con la academia, las cámaras de comercio y la Gobernación, que se impulsó Visión Santander 2050, de la cual se derivaron los 14 proyectos priorizados por la Alianza por Santander.
Los proyectos son conocidos: la doble calzada Bucaramanga-Barbosa, la navegabilidad del Magdalena, la modernización de Palonegro y Yariguíes, las PTAR de Río de Oro y San Silvestre, entre otros; ninguna de esas obras se ejecutará solo con voluntad política, pues todas exigen estructuración técnica, financiera y jurídica, alianzas público-privadas y una veeduría permanente que solo un sector privado organizado puede sostener en el tiempo.
La idea de una red de embajadores regionales, planteada en la bienvenida, es acertada si funciona en doble vía; los gremios deben llevarles proyectos maduros y viables, porque ningún funcionario puede defender en un consejo de ministros lo que su región no ha sido capaz de estructurar.
En esa red merece mención especial el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cabeza de Jaime Andrés Beltrán, con el viceministro Reynaldo D’Silva, dos santandereanos al frente de la cartera donde mejor se demuestra lo que produce la articulación entre lo público y lo privado; allí se definen los subsidios que mueven la vivienda social, las reglas que ordenan el territorio y la política de agua y saneamiento de la que dependen las PTAR que la región reclama, y allí el sector constructor santandereano tiene mucho que aportar.
Santander tiene a los suyos en las instancias de decisión y un tejido empresarial dispuesto a ponerse al servicio de lo público; si esa alianza se consolida, con reglas claras y metas medibles, la reconstrucción dejará de ser un discurso de sobremesa para convertirse en obras, vivienda y empleo, que es lo que la región espera.
