Las buenas decisiones del Estado hay que celebrarlas. Y a veces, además, obligan a preguntarse por qué se demoraron tanto.
El Decreto 1368 de 2026 pone fin a la suspensión general del porte de armas que llevaba vigente más de una década y elimina uno de los mayores absurdos burocráticos que había creado el Estado: exigirle a un ciudadano que ya cumplió los requisitos para tener un arma y obtuvo legalmente su permiso de porte que, además, consiguiera otro permiso especial para poder ejercer el primero. Un “permiso del permiso”…
Eso en nada contribuía a la seguridad; era burocracia pura. Y cuando la burocracia depende de la discrecionalidad de un funcionario, puede convertirse además en una oportunidad de corrupción.
Ahora bien, la medida no implica “armas para todo el mundo”. Los requisitos para adquirir, registrar y portar legalmente un arma permanecen. Implica algo mucho más elemental: que quien ya cumplió las exigencias de la ley y le concedieron su permiso no tenga que atravesar una segunda carrera de obstáculos para obtener una autorización excepcional.
Hay otro elemento muy importante: en Colombia, el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Pero ese monopolio existe para proteger al ciudadano, no para dejarlo indefenso y a merced de los delincuentes.
La Constitución reconoce la legítima defensa. Y la razón es elemental: el Estado no puede poner un policía detrás de cada ciudadano, cada comerciante, cada finca, cada carretera y cada hogar para protegerlo. No entender esto es desconocer la realidad.
La discusión sobre las armas, además, suele partir de una premisa equivocada: que los delincuentes respetarán las restricciones diseñadas para los ciudadanos que sí cumplen la ley.
¡No las respetan!
Es decir, el problema en Colombia no son los ciudadanos armados cumplidores de la ley. El problema es que existen estructuras criminales poderosamente armadas por fuera de ella.
Aquí es donde aparece una lógica que parece tan obvia que sorprende tener que explicarla: si el delincuente sabe que está armado y sabe, además, que su víctima tiene prohibido portar un arma legal para defenderse, la prohibición no lo desarma a él. Lo único que consigue es aumentar su ventaja.
El bandido no respeta la ley.
El bandido no necesita permiso.
El bandido no tramita autorizaciones.
El ciudadano honesto y cumplidor de la ley sí.
Por eso la verdadera discusión no debería ser si Colombia debe tener ciudadanos armados de forma ilegal e indiscriminadamente. Es obvio que no. Sobre eso no hay discusión posible: hay que perseguirlos, capturarlos y desarmarlos.
La discusión es otra: si el ciudadano que cumple rigurosamente la ley debe ser tratado como parte del problema o como alguien que tiene derecho a defender su vida y sus bienes dentro de la ley.
Así las cosas, eliminar una autorización redundante es, cuando menos, dejar de ponerle obstáculos absurdos precisamente a quien sí cumple la ley y cuya vida está en riesgo.
¡Buena esa, Presidente!
