Publicado por: Editorial
Durante el primer semestre de 2026 se registraron 4.979 riñas en el área metropolitana, 532 más que en el mismo período del año anterior, una cifra que no es atípica, sino que muestra un aumento sostenido de la violencia interpersonal que ocurre en espacios públicos, en barrios, en calles donde debería imponerse la convivencia, en lugar de la idea que suele prosperar de que las discusiones pueden apelar a la agresión física y que la agresión encuentre en el arma o en el puño su respuesta más frecuente.
Los sectores que concentran los índices más altos de riñas son el Centro, Antonia Santos, Campohermoso, Sotomayor y Cabecera y, de ellos, el Centro, Cabecera y Sotomayor presentan también el mayor número de hurtos, una coincidencia que no debe verse como casualidad, pues donde la violencia se naturaliza, la ilegalidad se consolida. La ciudadanía considera que las autoridades no logran controlar el fenómeno y esa percepción debilita la confianza en las instituciones y en la posibilidad misma de una convivencia ordenada.
Los homicidios, que ya superan los 194 casos este año, tienen con las riñas una relación directa en demasiadas ocasiones, porque vivimos en una realidad en la que una discusión por un motivo trivial, un cruce de palabras en un establecimiento público, una disputa de tránsito pueden terminar en muerte y, en eso, según los expertos, influyen, además de los factores culturales, el porte de armas, la intolerancia y el consumo de sustancias psicoactivas. Estas no son todas las causas, pero indican dónde se concentran los factores de riesgo que deben atenderse con urgencia.
El porte de armas convierte cualquier altercado en una amenaza mortal, la intolerancia anula el diálogo y la solución pacífica de diferencias, mientras que el consumo de sustancias psicoactivas altera la percepción del riesgo; estos tres elementos actúan juntos y multiplican la probabilidad de que una riña termine en tragedia y lo que vemos es que el problema no cede porque las respuestas de la autoridad han sido parciales y coyunturales.
Aquí es donde los expertos insisten en que si no se empieza por la educación y si no se desmontan los patrones culturales machistas que persisten en nuestra sociedad, nunca se podrá superar este problema. La violencia en las riñas no es solo un asunto de policía y cárceles, es un asunto de formación, de valores, de relaciones de poder que se aprenden desde la infancia y se reproducen en la vida adulta.
El ‘macho’ que no acepta una negativa, que no tolera una opinión distinta, que reacciona con agresividad ante la menor ofensa, actúa bajo un patrón cultural transmitido por generaciones, por lo que las riñas expresan una forma desviada de entender la masculinidad. Mientras ese patrón no se cuestione frontal y sistemáticamente, los esfuerzos policiales se desperdiciarán en el tratamiento del síntoma y no de la enfermedad.
Por eso, la educación debe ser el eje central de cualquier estrategia seria, dirigida a formar a las personas en resolución pacífica de conflictos, en empatía, en respeto por la diferencia y en igualdad de género desde los primeros años escolares. Se trata también de involucrar a las familias y a las comunidades en la transformación de los referentes culturales que hoy legitiman la violencia.
Las cifras de 4.979 riñas y 194 homicidios ese año deben penetrar la conciencia colectiva porque no es aceptable que el aumento de la violencia se convierta en una noticia rutinaria. La sociedad debe exigir respuestas integrales y participar activamente en la construcción de una cultura de paz, para lo que es fundamental que se trabaje desde la educación y la transformación de los patrones machistas, como punto de partida ineludible, para que, sobre la intolerancia, la violencia y la tragedia, podamos imponer la convivencia y la solidaridad entre los bumangueses y todos los santandereanos.
