Para responder si el “Gabinete por la Vida” resulta jurídicamente implantable en un régimen presidencial como el colombiano, conviene acudir a criterios de Juan Linz y Giovanni Sartori, politólogos de referencia mundial en el estudio comparado de los sistemas de gobierno. Ambos coinciden en que esa figura no tiene equivalente institucional en el régimen presidencial, porque carece de un mecanismo de sustitución inmediata del poder, como sí existe en el Reino Unido, y porque en Colombia existen barreras legales que hacen inviable el proyecto y lo convierten más en propaganda política.
Por ejemplo: en el Reino Unido, el ministro en la sombra es un parlamentario con curul; en Colombia, un congresista no puede ejercer simultáneamente como ministro. La moción de censura en Colombia —un injerto mal adoptado por la Constitución de 1991—, si prospera, separa del cargo al ministro censurado, pero no disuelve el gabinete ni convoca a la oposición a asumir el gobierno, porque el presidente es elegido por voto popular para un periodo fijo de cuatro años. Solo por esas dos razones, el “Gabinete por la Vida” no tiene ninguna posibilidad legal de asumir el poder de manera anticipada.
De modo que, para que esta figura funcionara realmente en Colombia, habría que reformar la Constitución y transitar de un régimen presidencialista a uno parlamentario, fórmula que ya se ha insinuado antes y que siempre ha sido rechazada.
A esa debilidad estructural se suma una más práctica. Los exministros y exdirectores que integran el “Gabinete por la Vida” no ostentan curules en el Congreso, a diferencia de sus pares británicos. Por tanto, carecen de toda facultad constitucional y legal para citar debates de control político o radicar mociones de censura. La incoherencia se agrava cuando se repara en que su líder no es Cepeda —senador y candidato derrotado—, sino el expresidente Petro, quien hoy no ocupa cargo público alguno.
Bajo ese rigor, el “Gabinete por la vida” carece de bases sólidas y de respaldo jurídico. Es una entelequia, un libreto macondiano, mediático, diseñado como tarima de agitación política para mantener cautivo al electorado. Y más que convocar a figuras de estatura ética o solvencia técnica en sus sectores, el elenco parece premiar el dogmatismo y la sumisión incondicional ante el gran jefe.
Si se trata de confrontar las políticas del gobierno actual, Colombia tiene un Estatuto de Oposición, que bien utilizado podría servir para tecnificar el debate y especializar la fiscalización. Pero en las condiciones en que se presenta, es más un sainete extraconstitucional que degrada la deliberación a un simple espectáculo de quienes ya no ostentan el poder que un día lo tuvieron y lo ejercieron mal. Miren el balance económico y deduzcan.
