La reciente decisión del Gobierno de Donald Trump de incluir a Colombia, por segundo año consecutivo, en la lista de países que fracasan en la llamada lucha contra el narcotráfico, contrasta con la decisión de sacar de dicha lista a Venezuela, tras 21 años de haberla mantenido en ella.
Llama la atención cómo lo que algunos antes llamaban “Cartel de los soles” o tildaban de “narcogobierno” —siguiendo al pie de la letra la narrativa estadounidense— se convirtió, tras 65.000 millones de barriles de petróleo, en un gobierno “democrático” que hoy recibe la visita de negocios del principal magnate de Colombia y el visto bueno de Estados Unidos (EE. UU.) en su lucha contra el narcotráfico. ¿Qué cambió?
Para algunos, la anterior decisión puede ser una anomalía; sin embargo, este episodio revela con claridad lo que la llamada “lucha contra las drogas” oculta: su verdadero propósito no es derrotar el narcotráfico o ayudar a quienes sufren por ello, sino utilizar la política antinarcóticos como un medio para mantener el control geopolítico de EE. UU. en los países de su órbita.
No en vano, durante tres años consecutivos el Gobierno de Petro recibió el visto bueno del Gobierno de Joe Biden (del Partido Demócrata), a pesar del notorio aumento en el área sembrada y la caída en las incautaciones como porcentaje de la producción. Compartían un enfoque “holístico” en palabras del exministro de Justicia Néstor Osuna y se mantuvieron los desembolsos para este sector, que, dicho sea de paso, se presentan como “ayudas”, cuando tiene más sentido encuadrarlas como tácticas comerciales para vender tecnología, armas y hacer ingeniería social.
El telón de fondo de este “narcoimperialismo” es el control de los recursos naturales y estratégicos. Durante los últimos días, Venezuela entregó a empresas privadas gringas asociadas con sectores de la oligarquía chavista o “boliburguesía” ―en un acuerdo muy criticado― una parte importante de sus recursos petroleros por los próximos 100 años.
Mientras el trumpchavismo se instala en el vecino país, el presidente De La Espriella firmó dos nuevos instrumentos que profundizan la dominación imperialista de EE. UU. sobre Colombia. El primero, un Marco de Cooperación para el procesamiento de minerales críticos y tierras raras; el segundo, un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Estratégica Civil en Materia Nuclear. Ambos, por iniciativa e interés norteamericano, redujeron el rol del Gobierno colombiano a decir “yes sir”.
Como lo muestra el instrumento de la certificación, el imperialismo norteamericano está vivito y coleando, así como sus lacayos que se ocultan tras rótulos tanto de “izquierda”, como de “derecha” y de “centro”. Por esto se justifica una oposición coherente, que defienda el interés nacional y construya una alternativa por la soberanía y el progreso del país.
