Publicado por: Editorial
En materia de orden público y tratamiento del conflicto armado, Colombia ha visto durante las últimas décadas un péndulo que ha oscilado con una regularidad casi mecánica, sin poder lograr avances a largo plazo sobre un problema tan devastador para el país como lo es la violencia, porque terminamos desconociendo los aprendizajes acumulados, cosa que entrega ventajas tácticas a los grupos armados ilegales que se busca desarticular.
A lo que hacemos referencia es a que, por ejemplo, en lo que va de este siglo, la administración de Álvaro Uribe Vélez impuso una doctrina de seguridad sustentada en la confrontación militar directa, el debilitamiento de las estructuras guerrilleras y una negativa fuerte a la posibilidad de negociación. Bajo esa premisa, se alcanzaron golpes contundentes contra las Farc y se recuperó la iniciativa estatal en varios territorios, por lo que, al terminar esos dos periodos, el país creyó haber encontrado una ruta definitiva.
Luego llegó Juan Manuel Santos, quien, también en dos periodos, decidió alterar por completo la ecuación hacia una negociación con las Farc, lo que representó un radical cambio de horizonte que finalmente logró un acuerdo de paz que rápidamente quedó atrapado en una profunda polarización, por lo que la promesa de que la guerra terminaría tropezó con la realidad de disidencias, economías ilícitas y un Estado que no llegó a los territorios con la rapidez y la eficacia prometidas.
Con Iván Duque, el péndulo volvió a moverse con fuerza. Su gobierno se enfocó en la crítica sistemática al acuerdo, la negativa a retomar diálogos con el Eln y una reivindicación de la mano dura como símbolo de autoridad, lo cual dio como resultado no una derrota de los grupos armados, sino su reagrupamiento en zonas donde el Estado no tenía presencia integral y sirvió como elemento generador de nuevas violencias.
Gustavo Petro nuevamente llevó el asunto a la orilla contraria con la bandera de la Paz Total, un concepto que buscaba negociar simultáneamente con todos los actores armados, desde guerrillas hasta bandas criminales de alto impacto, es decir, se pasó de la negativa de diálogo a la conversación con cualquier estructura que se sentara a la mesa, un experimento que se convirtió en el que fue quizás el mayor fracaso de ese gobierno. Además del crecimiento de estructuras armadas.
Lo que resulta verdaderamente inconveniente no es necesariamente que cada administración tenga su propia visión, sino que esa visión constituya una ruptura total con la anterior. Entre Uribe, Santos, Duque y Petro, hemos estado haciendo ese mismo giro de 180 grados que los grupos armados ilegales, sean guerrillas, disidencias o bandas criminales, han aprendido a sacarle ventaja. Cuando hay diálogo, aprovechan para reposicionarse, reclutar, acumular recursos y proyectar una imagen de actores políticos. Cuando hay confrontación abierta, utilizan la fuerza para demostrar vigencia, ganar terreno en la opinión pública nacional e internacional y justificar su existencia. Lo verdaderamente conveniente sería establecer una política de paz que trascienda los gobiernos, que contenga variables suficientes para evitar las posiciones radicales que hasta ahora han favorecido la persistencia de varios frentes de combate; una política que incluya mecanismos de verificación, condiciones claras para la negociación, estrategias de sometimiento a la justicia, presencia integral del Estado en los territorios y una evaluación permanente de resultados. No se trata de renunciar a la confrontación cuando sea necesaria, ni de negociar por negociar, sino de tener una brújula que no pierda el norte que se le trace.
