Publicado por: Editorial
Santander acumula un rezago vial que ya comienza a colmar la paciencia de la población en general por realidades como el hecho de que cuatro obras concebidas para desviar el tráfico pesado de las ciudades principales llevan entre tres y 17 años sin concluirse, sin contar con que fueron decididas arbitrariamente, sin un plan que las articulara. El resultado es un territorio con infraestructura incompleta, costosa e incapaz de responder a las necesidades actuales de movilidad y competitividad.
El caso del viaducto La Laja, en San Gil, es quizás la muestra más patética de esta situación, pues la estructura está terminada y pagada, pero no conduce a ninguna parte porque la vía que debía conectarla nunca se construyó. Esto suele suceder cuando los gobernantes se concentran más en el anuncio público que en la obra y el resultado de esta ligereza es la acumulación de inversiones mal planeadas, mal ejecutadas y por las que se sacrifican recursos que podrían destinarse a proyectos verdaderamente provechosos.
En el área metropolitana de Bucaramanga, el Anillo Vial Externo es otro de esos lamentables ejemplos, pues acaba de recibir licencia ambiental para 27,7 kilómetros, pero apenas cuenta con una fracción del dinero necesario. El contrato se suscribió por 345 mil millones de pesos, cuando construir las dos calzadas diseñadas costaría 2,8 billones, es decir, se avanza hacia una obra parcial sin capacidad de cerrar el circuito y que, por lo tanto, no resolverá el problema que justificó su concepción.
El Socorro lleva medio siglo, sí, medio siglo, solicitando una variante de 9,3 kilómetros que saque el tránsito nacional del centro del municipio, pero el proyecto no avanza, la financiación nunca se materializó y la comunidad sigue soportando día y noche el paso de vehículos pesados por sus calles, con los costos ambientales, sanitarios y de seguridad que ello implica.
Barrancabermeja presenta una contradicción aún más grave. La vía concebida hace 17 años para alejar las tractomulas del casco urbano tiene un tramo que lo atraviesa. Dos sectores están construidos, pero la conexión pendiente obliga a que los camiones usen las vías internas, lo cual causa no solo congestión y daños a las calles del municipio, sino que ha producido la muerte de transeúntes.
El impacto económico de toda esta incompetencia e inoperancia es directo. Santander, que tiene la cuarta economía regional del país, ocupa el puesto 23 entre 33 departamentos en vías primarias en buen estado, según el Informe Departamental de Competitividad. Obviamente, sin infraestructura adecuada, la producción regional se rezaga y los costos recaen sobre los habitantes.
Pero, además del daño casi permanente a las finanzas del Estado, la calidad de vida de la población también se deteriora por efecto de la contaminación atmosférica y auditiva, la siniestralidad vial, la fragmentación de los cascos urbanos, además de desplazamientos más largos, mayor exposición a accidentes y un entorno agresivo. Ese costo social es tan real como el económico y exige respuestas inmediatas.
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